En los próximos días el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal del Líbano, Tolima, dará a conocer el monto de la pena que pagará el agresor.

Heivert Giovanni Fuentes Páez, de 33 años, fue detenido en el barrio San Antonio por personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adscrito a la unidad local del Líbano Tolima, en coordinación con la Sijin, en cumplimiento a la orden judicial que pesaba en su contra por el delito de violencia intrafamiliar agravada.

En la imagen se ve una persona detenida custodiada por un uniformado de la Policía Nacional y del CTI. Detrás suyo backings de cada una de las instituciones.
Heivert Giovanni Fuentes Páez, de 33 años, fue detenido tras ser hallado penalmente responsable del delito de violencia intrafamiliar.

La orden de captura fue emanada por un juzgado promiscuo municipal, tras conocerse el sentido de fallo condenatorio al término del juicio oral que se adelantaba en su contra por el maltrato físico y psicológico causado a su expareja por cerca de 8 años de convivencia.

Son varios los episodios que tiene documentados el ente acusador sobre la violencia a la que fue sometida la mujer, quien inició su relación sentimental con él siendo una menor de edad y una vez se fue a vivir con él iniciaron los malos tratos.

La Fiscalía demostró que asedió de manera constante a su víctima y madre de su hijo menor de edad, sometiéndola a un ciclo de violencia y manteniéndola bajo la amenaza de acabar con su vida o la del pequeño en caso de llegar a verla con otra persona.

El monto de la pena a purgar por estos hechos se conocerá en los próximos días.

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

 

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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.