La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de cinco hombres y una mujer señalados de conformar una red de apoyo del grupo residual 36, que sería la responsable de actividades narcotraficantes, cobro de extorsiones y vigilar con drones los movimientos de la fuerza pública en varios municipios de Antioquia.

Los procesados son: Jhon Fredys Córdoba Perea, alias Negro More o Nelson, presunto cabecilla de esta estructura; Yonatan Alexis Arango García,  Kiko, Barrigón o Ballena; Juan Daniel Llanos Roldán, alias Juan Daniel; Ermides Andrés Herrera Valdés, alias Dos; Guillermo Adrián Orrego Zea, alias Negro Marina; y Diana Patricia Hernández Arroyave; alias Leopardo.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a estas personas los delitos de concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado; y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Los cargos no fueron aceptados por los procesados.

Los cinco hombres recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario; mientras que la mujer, por disposición de un juez de control de garantías ambulante de Antioquia, fue cobijada con detención en su lugar de residencia.

Los elementos de prueba en poder de la Fiscalía dan cuenta de que esta estructura de apoyo recibiría instrucciones directas de alias Cabuyo, uno de los máximos cabecillas disidentes en Antioquia, quien recientemente habría ordenado intensificar los seguimientos a las autoridades con el uso de medios electrónicos.

Precisamente, durante las diligencias de captura realizadas en zona rural de Campamento, Guadalupe y Anorí (Antioquia), funcionarios de la Dijin de la Policía Nacional y del Ejército Nacional incautaron un dron que, supuestamente, era utilizado para vigilar las instalaciones militares y los desplazamientos de la fuerza pública. En los procedimientos también se encontraron equipos celulares, una pistola Pietro Beretta con dos proveedores y munición para la misma; y 300 gramos de base de coca.

La Fiscalía General de la Nación hace pública esta información por razones de interés general.