Los procesados le habrían hurtado a la víctima sus tarjetas bancarias y realizaron compras por seis millones de pesos.
El trabajo articulado entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional permitió la captura y posterior judicialización de Daniel González Cano y Yoimar Blandón Córdoba, presuntamente involucrados en la muerte del docente universitario, y líder de la comunidad LGBTIQ+,Mateo Jaramillo Naranjo. El crimen ocurrió el pasado 17 de enero en Medellín (Antioquia).
El material de prueba da cuenta de que los ahora procesados habrían arribado al apartamento de la víctima, ubicado en el sector de Laureles. En el lugar el docente fue amarrado de pies y manos, y golpeado en repetidas ocasiones. Su muerte se produjo por asfixia.
El cuerpo fue encontrado un día después con múltiples hematomas y graves lesiones en sus extremidades, rostro y cuello.
Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a los dos hombres los delitos de homicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas.
La Fiscalía determinó que tras el ataque los investigados, al parecer, se apoderaron del celular del docente, de sus tarjetas bancarias y documentos, entre otros objetos de valor. Estos elementos fueron usados para realizar compras por seismillones de pesos.
González Cano y Blandón Córdoba no aceptaron su responsabilidad en estos hechos. Por petición de la Fiscalía un juez con función de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
AMCJ/MAGA/GSG/AAB/UEI/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
