Un juez de control de garantías acogió los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación e impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Wilmar Andrés Gómez Ramírez y Cristian Yohan Palacio Hincapié, presuntamente, responsables de tentativa de extorsión agravada.

En la imagen están los dos procesados con servidores del CTI y el Gaula del Ejército Nacional y al fondo un pendón con un mosaico de los logos de la Fiscalía y el Ejército.
Capturados por extorsión en el Norte de Antioquia

Los procesados fueron capturados en flagrancia este 3 de octubre por servidores del CTI adscritos al Gaula Militar y su componente Ejército. La detención se produjo cuando, al parecer, los procesados se disponían a recibir un paquete que simulaba contener 1.600.000 pesos, suma exigida como extorsión a un finquero del municipio de Santa Rosa de Osos, norte antioqueño.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal especializado, los capturados harían parte de un grupo armado que desde finales de 2021 se identificaba como integrante del GAO Clan del Golfo. En tal condición, le vendrían exigiendo sumas de dinero que oscilan entre 10 y 30 millones de pesos a distintas víctimas en los municipios de Santa Rosa de Osos y Yarumal, so pena de atentar contra su vida y su patrimonio.

Al parecer, ante la negativa de pago por parte de algunas víctimas, los presuntos delincuentes se habrían apoderado del producido de leche y papa de las fincas de la zona; esto como una manera de hacer efectiva la exigencia económica ilegal.

Ninguno de los procesados aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

 

LFML/MAGA/MAM/DSA

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.