Fiscales de la Unidad Especial de Investigación (UEI) presentaron ante jueces de control de
garantías a dos hombres, que estarían involucrados en el crimen de un firmante de paz y
un líder comunal, en Caquetá y Chocó, respectivamente.
Crimen firmante de paz en Caquetá
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Wilson Soto Barrera por su posible
participación en el asesinato del firmante de paz, Jairo Alberto Losada Aldana, registrado
el 5 de mayo de 2018, en Curillo (Caquetá).
De acuerdo con la investigación, este hombre presuntamente movilizó en una motocicleta
a la persona que le disparó a la víctima, y le ayudó a escapar del lugar. En ese sentido, fue
imputado por el delito de homicidio, cargo que fue aceptado. El juez de control de garantías
que dirigió las audiencias concentradas le impuso medida de aseguramiento en
establecimiento carcelario.
A la cárcel ‘Mou’
Por solicitud de un fiscal de la UEI, un juez de control de garantías impuso medida de
aseguramiento en centro carcelario a Duan Alberto Córdoba Girón, alias Mou, quien sería
el responsable del crimen del líder comunal José Eduardo Cárdenas Mosquera, sucedido el
19 de marzo del 2023, en el barrio La Subestación, en Quibdó (Chocó).
El material de prueba indica que Córdoba Girón, en compañía de otros dos hombres
armados, atacó con arma de fuego a la víctima y le ocasionó una herida en el cuello.
La Fiscalía imputó a alias Mou los delitos de homicidio agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, parte o municiones. Con este resultado son tres las personas judicializadas por el asesinato del líder comunal, que se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio La Subestación.
AMCJ/JARG/AAB/UEI/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.