Los procesados, al parecer, incurrían en extorsiones a nombre del Clan del Golfo.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a cuatro personas, quienes harían parte de la organización ilegal La Miel, responsable de múltiples extorsiones a propietarios de minas de carbón ubicadas en el corregimiento Palomos del municipio de Fredonia (Antioquia).
La decisión afecta los extranjeros Robert José Rincón Moreno, alias Lupi, y Julio Bersy Delgado Delgado, alias Bebé; y al colombiano Enilson Marín Suaza, alias Pigui, quienes fueron imputados con los delitos de concierto para delinquir y extorsión, ambas conductas agravadas.
Valentina Vega Lopera, por su parte, fue imputada con el delito de extorsión pues, en al menos siete oportunidades, habría prestado su cuenta bancaria para recibir dinero producto de las actividades ilícitas.
La investigación
Una fiscal de la Seccional Antioquia evidenció que entre septiembre de 2022 y septiembre de 2024 los procesados habrían exigido a sus víctimas pagos mensuales de entre 600.000 y 800.000 pesos, para permitirles trabajar en la zona.
Los procesados fueron capturados por servidores del Gaula de la Policía Nacional en los municipios de Fredonia y Bello (Antioquia). Ninguno aceptó su responsabilidad en los cargos imputados.
El material probatorio aportado por la fiscalía permitió que el juez con función de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de los tres hombres, y domiciliaria a la mujer.
Por los mismos hechos y delitos tiene orden de captura el ciudadano venezolano Albenis José Moreno Moreno, alias El Guajiro, presunto coordinador de la banda delincuencial.
LFML/AAA/DSM/MAG
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
