A las víctimas les disparaban o les lanzaban explosivos a sus establecimientos comerciales para presionar los pagos ilícitos.
Por solicitud de un fiscal de la seccional Antioquia, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro de reclusión en contra de siete presuntos integrantes de un grupo delincuencial conocido como ‘La Vega’, que estaría dedicado al cobro de extorsiones a comerciantes y mineros en los municipios de Cisneros, Santo Domingo y Remedios (Antioquia).
De acuerdo con la investigación, desde marzo de 2023 hasta mayo de este año, los presuntos delincuentes al parecer venían exigiendo a las víctimas sumas de dinero que oscilaban entre los 600.000 y un millón de pesos mensuales a cambio de dejarlos trabajar.
Además, se evidenció que para presionar los pagos ilícitos varias de las fachadas de los establecimientos comerciales habrían sido atacadas con armas de fuego o explosivos.
También se conoció que un minero debió abandonar el municipio de Santo Domingo luego de ser víctima de un atentado contra su vida, el 23 de agosto de 2023.
Los procesados fueron capturados por servidores del Gaula de la Policía Nacional durante diligencias de allanamiento, en las que les incautaron una granada de fragmentación y 13 proyectiles para armamento de corto y largo alcance, entre otros elementos.
Según su responsabilidad individual, los procesados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión, desplazamiento forzado, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas y municiones de defensa personal y de uso privativo de las Fuerzas Militares. Ninguno de los investigados se allanó a los cargos imputados.
Esta información se publica por razones de interés general.
LFML/AA/LMFO/CFG/DSA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
