Los uniformados, al parecer, exigieron dinero a una mujer para no judicializarla como presunta responsable del delito de receptación.

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en cárcel a los patrulleros de la Policía Nacional José Luis Muñoz Ospina y Orlando Trejos Rodríguez; al igual que al subintendente Kevis Alberto Martínez Montes, quienes habrían constreñido a una mujer para que les entregara 200.000 pesos, a cambio de no judicializarla por supuestamente portar un celular reportado como hurtado.

Los hechos investigados ocurrieron la noche del 11 de diciembre de 2023 en el centro de Medellín donde los uniformados, al parecer, retuvieron a la mujer y le exigieron el pago de la referida suma, para no judicializarla por receptación. También habrían utilizado el celular de la víctima para ingresar a sus aplicaciones financieras.

De acuerdo con la investigación, adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Medellín, los policías habrían decomisado el teléfono de la mujer para, supuestamente, ponerlo a disposición de las autoridades. El móvil estaba valorado en 420.000 pesos.

El suboficial y los patrulleros fueron capturados por la Dijin de la Policía Nacional. La Fiscalía les imputó los delitos de concusión, peculado por apropiación y acceso abusivo a un sistema informático, cargos que no aceptaron.

La Fiscalía publica esta información por razones de interés general.

 

 

 

 

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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.