La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia el actuar delictivo de Carlos Henry Mena Rentería, presunto integrante de la estructura criminal ‘Los Shotas’, quien estaría implicado en diferentes acciones delictivas en el corregimiento de Bazán La Bocana, zona rural de Buenaventura (Valle del Cauca).
De acuerdo con la investigación, este hombre estaría vinculado a dos asesinatos ocurridos en marzo y junio de 2025, así como al desplazamiento de dos familias del sector de La Bocana y a amenazas contra turistas que visitan las playas de esa zona.
Un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Valle del Cauca le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, desplazamiento forzado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los cargos no fueron aceptados.
El procesado fue capturado en diligencias de allanamiento y registro a varias viviendas, adelantadas por uniformados de la Sijín, con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y de infantes de la Armada Nacional.
En los inmuebles fueron incautadas armas de fuego, proveedores, munición y celulares. Además, se capturó en flagrancia a Carlos Gustavo Alegría, Jhon Jairo Córdoba Mosquera, Jairo Paz Rentería y Jarvi Vidal Playonero.
Estas cuatro personas fueron judicializadas por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo o restringido de las Fuerzas Armadas, agravado, cargo que no fue aceptado.
Por disposición de un juez de control de garantías, a los cinco hombres les fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.
JGPV/AMCJ/DFDD/DSV
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
