La Seccional de Fiscalía en Norte de Santander judicializó a Edwin Camilo Bonnet Barbosa, alias James, presunto integrante del Frente 33 de las disidencias de las Farc y quien estaría involucrado en la comisión de varios delitos en este departamento.
Por solicitud de la Fiscalía el juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad.
En audiencias preliminares la Fiscalía le imputó cargos por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos agravado, terrorismo y concierto para delinquir, los cuales no aceptó.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía y el material probatorio recopilado se pudo evidenciar la presunta participación del investigado en la incineración de varios vehículos de empresas de transporte público de la ciudad de Cúcuta, perpetrados en el 2022.
La captura del hoy imputado se logró en diligencia de allanamiento y registro realizada este 7 de septiembre en la vereda Versalles, jurisdicción del municipio de Tibú (Norte de Santander), este 23 de septiembre en un trabajo articulado Ejército Nacional, CTI, Policía Nacional y Fuerza Aérea.

A alias James, los uniformados le incautaron al momento de su detención cuatro armas de fuego tipo fusil, una pistola marca Glock, 19 proveedores, 839 cartuchos de diferentes calibres, 2 cilindros en cuyo interior contenían al parecer una sustancia explosiva, un chaleco antibalas, 3 radios de comunicación y 2 teléfonos celulares.
La Fiscalía habla con resultados
MPHA/LYBT/AOG/DSNS
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.