Las víctimas fueron asaltadas en su buena fe al creer que el procesado les iba a colaborar con el retiro de su dinero debido a supuestas fallas de los cajeros automáticos. Finalmente les fueron cambiados sus plásticos con los cuales les retiraron 14 millones de pesos.
A Uriel Cesar Díaz Gómez la Fiscalía General de la Nación le corrió traslado de escrito de acusación por el delito de hurto por medios informáticos y semejantes y un juez le impuso medida de aseguramiento carcelaria.
Díaz Gómez, quien no aceptó cargos, fue capturado por investigadores del CTI en coordinación con la Sijín de la Policía Nacional de Caquetá en el barrio Centro de la ciudad, por su presunta participación en dos hechos ocurridos en febrero de 2020 en cajeros automáticos de Florencia, cuando a igual número de víctimas las habría timado con el ‘cambiazo’ de sus tarjetas de credito.
Gracias al reconocimiento fotográfico y registros fílmicos los denunciantes señalaron a Uriel César como la persona que se ofreció a ayudarles a retirar el efectivo y por ende quien les habría despojado de su dinero al quedarse con sus plásticos originales.
El primero de ellos perdió la suma de 12 millones de pesos. Se dio cuenta de ello cuando notó que la tarjeta era diferente y al contactarse con su banco le informaron que le habían hecho retiros en Bogotá y Pitalito (Huila).
A la segunda víctima, luego del cambio de su tarjeta, le hicieron varios retiros por la suma de $2.000.000.
La Fiscalía continúa con su compromiso de velar por la seguridad y los intereses de los ciudadanos por lo que delitos como el hurto por medios informáticos se encuentra priorizado dentro del Direccionamiento Estratégico de la entidad.
La Fiscalía habla con resultados.
PAAM/CFG/AAP
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
