Acogiendo los argumentos de la Fiscalía, un juez con función de control de garantías de Ocaña (Norte de Santander) impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario en contra Wilfredo Navarro Delgado, 25 años, por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro simple agravado en concurso heterogéneo con hurto calificado y agravado.
Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía y la Policía Nacional permitieron establecer que el procesado, en complicidad con otros dos sujetos que se identificaron como presuntos integrantes del ELN, al parecer estarían implicados en el secuestro de cuatro integrantes de una misma familia el 28 de noviembre de 2020 en la parcela Villa Mary de la vereda El Hoyo, jurisdicción del municipio de Ábrego (Norte de Santander).
Durante la acción delictiva, las víctimas, entre ellas dos menores de edad, fueron supuestamente amenazados con armas de fuego y llevados a un baño donde los amordazaron y agredieron físicamente con el propósito de hurtar elementos de valor como joyas, prendas de vestir, dinero, dos celulares, una tableta, una navaja suiza, un arma de fuego tipo escopeta y una motocicleta, elementos avaluados en más de 13 millones de pesos.
En zona urbana de Ábrego, este 16 de noviembre, fue capturado por la Policía Nacional Navarro Delgado, quien no acepto los cargos formulados por la Fiscalía.
En la cárcel judicial de Ocaña (Norte de Santander) el detenido cumplirá la medida impuesta por el ente juzgador.
La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.