El juzgado 26 Penal con control de garantías de Cali avaló las evidencias recaudadas por la Fiscalía contra Juan Sebastián Ortega Mosquera y le dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Durante las audiencias concentradas, el ente acusador imputó cargos a Ortega Mosquera pos los delitos de violencia intrafamiliar agravada.
El hombre fue denunciado por su ex compañera sentimental en la Unidad de Reacción Inmediata por hechos ocurridos el 31 de enero de 2022, en su vivienda, cuando el asegurado intentó entrar para presuntamente agredirla físicamente. Situación que se venía presentando desde mayo de 2021, cuando una vez terminaron la relación sentimental la mujer empezó a ser objeto de agresiones verbales, amenazas de muerte, y maltrato físico.
En su declaración ante la Fiscalía, la víctima aseguró que el imputado la sigue cuando sale de su casa a trabajar, ubicada en el barrio República de Israel de esta capital. Igualmente, que la espera que salga luego de cumplir el turno laboral para insultarla, amenazarla con matarla si establece otra relación sentimental y que intenta ingresar a su vivienda por las ventanas, portando un arma de fuego.
El Juzgado 14 Penal Municipal emitió una orden de captura en contra de Juan Sebastián Ortega, la cual fue cumplida por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, junto con agentes de la Policía Metropolitana, cuando se desplazaba por un sector del barrio San Judas.
Los servidores del CTI confirmaron que el hombre registra una anotación judicial por el delito de violencia intrafamiliar, denuncia instaurada por su expareja sentimental en diciembre de 2021.
La Fiscalía habla con resultados
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JGP/CFG/FR/DSN
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
