La Fiscalía en la Seccional Huila, a través de un fiscal de la Unidad de Vida, obtuvo medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro de reclusión en contra de Alexander Toledo Rivera, quien el pasado 29 de agosto, presuntamente, accionó arma de fuego en contra de Deisy Marcela Cruz Reyes, quien era su compañera sentimental.
Así lo decidió un juez con función de control de garantías quien lo declaró en contumacia, pues no se presentó a la audiencia. La Fiscalía le formuló imputación por los delitos de feminicidio agravado en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o accesorios, partes o municiones.
Los hechos materia de investigación ocurrieron en una residencia en el barrio Manzanares de Neiva (Huila), donde la pareja al parecer tuvo una discusión tras llegar de Campoalegre. Se presume que Toledo Rivera sacó de la mesa de noche un arma de fuego tipo revólver y disparó contra su pareja causándole la muerte.
Investigaciones preliminares dan cuenta de que la víctima y el victimario tuvieron una relación de pareja por más de 20 años y que, al parecer, el imputado sometía a la mujer a un ciclo reiterativo de violencia física, psicológica y económica.
Es de anotar que el día de los hechos Toledo Rivera se presentó a las instalaciones de la Policía Nacional de Campoalegre (Huila) acompañado de su abogado de confianza y, mediante interrogatorio, aceptó su responsabilidad en la muerte de su compañera sentimental.
Al término de las audiencias de formulación de imputación y medida de aseguramiento el juez competente emitió la respectiva orden de captura en contra del hoy investigado.
La Fiscalía publica esta información por razones de interés general.
LMGM/CFG/DSPB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
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