Una fiscal de la Seccional Bolívar judicializó a José Ángel Rebollo Blanco y a Ana Manuela Vivanco Torres como presuntos responsables de extorsionar a varios comerciantes de Cartagena.
Según la investigación, los procesados habrían simulado ser integrantes del Clan del Golfo para exigir a los dueños y administradores de establecimientos públicos, sumas de dinero que oscilaban entre los 60 a 100 millones de pesos, para no ver afectada su seguridad o la de sus familiares.
Acciones similares eran cometidas contra transportadores locales quienes eran amenazados con incinerar sus vehículos, sino accedían a las pretensiones monetarias.
Rebollo Blanco y Vivanco Torres fueron capturados en flagrancia cuando se cree; iba a recibir una alta suma de dinero, al parecer, producto de unas de esas exigencias económicas.
Las dos capturas fueron adelantadas el pasado 24 de octubre por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo del Gaula Militar, en el sector de la Bomba del Gallo de la capital de Bolívar. Durante el procedimiento se constató que las improntas de la motocicleta en la que se desplazaban se encontraban alteradas.
Ninguno de los investigados aceptó su responsabilidad en los cargos de tentativa de extorsión y falsedad marcaria, imputados por la Fiscalía.
Por petición del ente investigador el juez de control de garantía impuso a Rebollo Blanco medida de aseguramiento en centro carcelario; Vivanco Torres deberá cumplir la medida en su domicilio.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
