El victimario se hizo pasar por integrante de una organización criminal para exigirle dinero a una mujer con la cual habría contratado un presunto servicio. Ya se encontraba recluido por concierto para delinquir con fines para extorsión. 

Tras el acervo probatorio presentado por una fiscal especializada un juez cobijó con medida de aseguramiento intramural a Alirio Baquiro Díaz por el delito de extorsión con circunstancias punitivas.

Según se estableció al interior del proceso el imputado habría contactado por celular a una mujer manifestándole que necesitaba de sus servicios para una cocina en San Onofre (Sucre), directamente en el corregimiento de Palo Alto.

El 17 de octubre del 2020, la víctima se trasladó acompañada de un familiar y uno de sus trabajadores hasta el lugar donde el victimario la habría llamado indicándole que se adentrara en la zona rural hasta un punto deteriorado de la vía.

Estando allí recibió otra llamada donde le indicaban que no se moviera porque habían entrado a zona roja y estaban vigilados, que de hacerlo les dispararían. Luego les pidieron que enviaran a una persona por el dinero que tenían a San Onofre tanto en efectivo como en tarjetas, exigiendo

8 millones de pesos, los cuales debían pagar por pisar terrenos de la organización criminal.

El hoy imputado se encuentra en una prisión de Barrancabermeja por concierto para delinquir con fines de extorsión y tiene anotaciones judiciales en Bucaramanga y Bogotá entre otras ciudades.

Aunque no aceptó los cargos endilgados por la Fiscalía un juez promiscuo municipal de San Onofre cobijó con medida de reclusión en establecimiento carcelario.

La Fiscalía habla con resultados. 

 

 

 

 

 

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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.