Según la investigación las llamadas extorsivas salieron desde la cárcel Coiba Picaleña de Ibagué.

La Fiscalía judicializó a Heidy Patricia Perdomo Gómez, quien fue detenida en Caquetá por su presunta responsabilidad de participar en la conducta delictiva de extorsión agravada, al reclamar un giro producto del constreñimiento del que fue víctima una ciudadana en el Tolima.

El juez con funciones de control de garantías acogió la petición de la Fiscalía de privarla de la libertad debido a que cuenta con suficientes elementos de prueba y evidencia física para demostrar que la mujer cumplió el rol de cobradora de la suma de dinero que le hicieron girar a la víctima bajo engaño y presión mediante la modalidad de Tío-Tío.

El hecho investigado ocurrió el día 7 de diciembre del año 2020 cuando la víctima recibió una llamada mediante la cual un hombre llorando, y quien se hiciera pasar por su hijo, le dijo que había atropellado a una mujer embarazada, y que para no tener problemas con la Policía le exigían $500.000.

La voz al otro lado del teléfono le indicó que debía consignarlos a nombre de la hoy asegurada. La afectada accedió girar parte del dinero solicitado.

Posterior a ello recibió otra llamada del supuesto hijo, quien le dijo que el bebé había muerto, y por ello debía enviarle $1.000.000. Esto levantó sospechas en la víctima percatándose entonces que se trataba de una extorsión y de inmediato interpuso la denuncia.

Mediante cotejo dactilar se pudo establecer que la huella plasmada en el comprobante de pago del giro extorsivo era de la mujer.

La mujer no se allanó a los cargos imputados.

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

 

PAAM/FAGH/KLRO/DST

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.