Se le atribuye el pago de 348 millones de pesos a integrantes de la Policía Fiscal y Aduanera para permitir la entrada y salida irregular de cargamentos por el puerto de Cartagena.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Juan Francisco Solano Barrero, alias Pacho o Millos, uno de los presuntos articuladores principales de una red de corrupción señalada de favorecer el ingreso de mercancía de contrabando al país y su posterior tránsito a diferentes ciudades del país, Ecuador y Venezuela.
Los elementos materiales probatorios recopilados dan cuenta de que este hombre, como posible integrante de la estructura ilegal de Diego Marín Buitrago, alias El Viejo o Papá Pitufo, sería el encargado de contactar a funcionarios asignados al puerto de Cartagena (Bolivar) y, a cambio de dádivas, convencerlos de permitir el ingreso de cargamentos de cigarrillos, textiles y cacharrería provenientes de Panamá, y la salida de la terminal marítima evadiendo los controles aduaneros.
De esta manera, los productos eran transportados por vía terrestre a los lugares donde finalmente eran comercializados.
En el curso de la investigación orientada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción se conocieron, al menos, seis eventos delictivos en los que habría entregado 348 millones de pesos a uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera para que facilitaran la entrada y tránsito de la mercancía de contrabando. De igual manera, quedó en evidencia que presuntamente pagó tres meses de arriendo de un apartamento en Cartagena a un oficial.
Por estos hechos, Solano Barrero fue acusado ante un juez penal especializado de Bogotá por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer en seis eventos.
Esta información se publica por razones de interés general.
LAGP/JARG/MP/MPO/DECC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
