Un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH profirió resolución de acusación en contra de 15 personas, investigadas por su presunta responsabilidad en la apropiación ilegal de tierras y el desplazamiento de campesinos en el departamento del Chocó.
Los hechos materia de investigación, perpetrados en 1997, se relacionan con la incursión de grupos paramilitares en las cuencas de los ríos Cacarica, Salaquí y Truandó, jurisdicción del municipio de Riosucio (Chocó), así como también en las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, en el mismo departamento, lo que ocasionó el desplazamiento forzado de las comunidades asentadas en esos lugares.
En el proceso también se investigó la apropiación irregular de tierras por parte de empresas privadas, que se instalaron en el año 2000 en las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó y desarrollaron proyectos de explotación de palma de aceite y ganadería extensiva.
Por esos hechos fueron acusadas las siguientes personas: Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’, ex cabecilla paramilitar; Gabriel Jaime Sierra Moreno, Javier José Daza Pretel, Juan José Palacios Palacios, Jorge Luis Santo Ortega, Javier Morales Estrada, Mario León Villa Pacheco, Mario Alberto Vélez Giraldo, Manuel Gregorio Denis Blandón, Sor Enid Ospina Rendón y Katia Patricia Sánchez Mejía, quienes fueron afectados por la decisión como presuntos coautores materiales de los delitos de desplazamiento forzado en concurso con invasión de áreas de especial importancia ecológica y concierto para delinquir agravado.
También fueron acusados Raúl Alberto Penagos González, José Miguel Ruiz Cossio y Claudio Adolfo Fregni Ochoa, como presuntos coautores materiales del delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica. Estas personas están en libertad y no tienen orden de captura.
En la decisión también fue acusado Remberto Manuel álvarez Bertel, como posible coautor material de los delitos de desplazamiento forzado e invasión de áreas de especial importancia ecológica. álvarez Bertel está afectado con detención domiciliaria.
Por esta investigación, seis personas se encuentran privadas de la libertad y dos más tienen orden de captura vigente.
