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A un centro carcelario fue remitido el presunto agresor sexual de una menor de tres años en Santa Marta

La contundencia del material probatorio recaudado por una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Magdalena, fue determinante para que un juez con función de control de garantías enviara a la cárcel a un hombre, presuntamente responsable de someter a vejámenes sexuales a una menor de tres años.

Un investigador del CTI de Magdalena custodia al presunto agresor sexual.
La Fiscalía imputó al hombre, de 65 años, como posible responsable del delito de acto sexual con menor de 14 años.

Los hechos investigados ocurrieron el 26 de septiembre de 2023 en el barrio Oasis de Santa Marta (Magdalena). Al parecer, el presunto agresor sexual engañó a la víctima con un alimento, y de esa manera habría podido someterla a vejámenes sexuales.

Este caso fue puesto en conocimiento por la madre de la menor, quienes se percataron de lo sucedido y de inmediato denunciaron el caso. La Policía Nacional fue la encargada de materializar la captura del procesado en vía pública de Santa Marta.

La Fiscalía imputó al hombre, de 65 años, como posible responsable del delito de actos sexuales con menor de 14 años.

Estas acciones se adelantaron en desarrollo del compromiso adquirido por la Fiscal General de la Nación (e), Martha Janeth Mancera, de esclarecer los delitos que afectan la seguridad ciudadana.

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

 

 

 

SKCR/MAGA/NS/GAMM/DSM

 

 

 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

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