Luego de acoger y compartir los argumentos de un fiscal de la Seccional Norte de Santander, un juez con función de control de garantías de Cúcuta profirió medida de aseguramiento, privativa de la libertad en establecimiento carcelario, en contra de Juan Carlos Suárez Chaverra, un vendedor ambulante de 53 años.

Los hechos investigados ocurrieron este 16 de junio en el municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander), cuando al parecer el procesado agredió con arma blanca a una mujer por negarse a continuar una relación sentimental que sostenía desde hace algunos meses con su agresor.

La Fiscalía demostró con evidencias contundentes que Suárez Chaverra ingresó a la residencia de la víctima en forma clandestina y, luego de herirla, tras sentirse profundamente comprometido en los hechos delictivos, se auto infligió graves lesiones con el mismo cuchillo con el que atacó a su expareja, probablemente con el ánimo de suicidarse para evitar la acción de la justicia.

Al procesado le fue legalizada su captura el pasado 17 de junio, sin embargo, por la gravedad de las heridas que el mismo se causó, la audiencia de imputación se realizó hasta el 24 de junio, oportunidad en la cual la Fiscalía le formuló cargos como posible autor a título de dolo, del delito de feminicidio en el grado de tentativa.

El implicado no aceptó su responsabilidad en los hechos imputados por el ente acusador.

A la cárcel Modelo de esta ciudad fue enviado el procesado, quien ya se encuentra recuperado de sus heridas.

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

 

MPHA/CFG/CHGA/DSNS

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.