Tras la contundencia de las pruebas que entregaron fiscales de la Seccional Bolívar, jueces enviaron a la cárcel a dos presuntos abusadores sexuales en Cartagena.
Uno de los asegurados es un docente de 61 años, quien aprovechando su condición de director de grupo de una institución educativa les habría realizado tocamientos de índole sexual a tres de sus alumnas de 11, 12 y 13 años.
De acuerdo con la investigación, las agresiones ocurrieron en el transcurso de 2023 cuando el procesado, al parecer, les prometió a las víctimas aprobar el año escolar y darles dinero si accedían sus pretensiones.
Al educador, que fue capturado por la Policía Nacional el pasado 19 de febrero en el barrio Canapote, la Fiscalía le imputó los delitos de acto sexual con menor de 14 años agravado y demanda de explotación sexual, a los cuales no se allanó.
También fue judicializado un hombre quien, presuntamente, le hacía tocamientos en sus partes íntimas a su hijastra de 8 años, y a la que, al parecer, obligaba a que le hiciera lo mismo.
Labores de policía judicial permitieron establecer que los actos sexuales se extendieron por dos años en una vivienda del barrio Bruselas cuando el hombre se encontraba a solas con la víctima.
El procesado, de 58 años, que fue detenido el pasado 20 de febrero por la Policía Nacional, la Fiscalía le imputó el delito de acto sexual con menor de 14 años agravado, al que no se allanó.
De esta manera la Seccional Bolívar sigue dando cumplimiento al compromiso adquirido por la Fiscal General de la Nación (e), Martha Janeth Mancera, de resolver los delitos que afectan la seguridad ciudadana.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MEVA/CFG/ICHS/DSB
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
