Según la investigación los hoy indiciados exigían dinero a comerciantes, ingenieros y empresas de obras viales para que pudieran trabajar sin ser agredidos ni atentar contra sus maquinarias.
El contundente material probatorio presentado por un fiscal especializado fue suficiente para que un juez avalara la solicitud de dictar medida de aseguramiento intramural en contra de Kevin David Díaz Vásquez, Ósmar David Blanco Madrid y Limedes De Jesús Pérez Porto por el delito de concierto para delinquir agravado por darse para extorsión.
Los hoy indiciados, quienes no aceptaron el cargo endilgado por la Fiscalía, presuntamente hacían exigencias económicas que iban desde los 300 mil pesos hasta los 57 millones, valor que le exigieron a una empresa de obras viales, para ejecutar un proyecto y así no atentar contra la integridad de los ingenieros. También los habrían amenazado de quemar la maquinaria e incluso paralizar la obra.
Luego de los actos investigativos y la recolección de evidencias se pudo establecer que los imputados harían parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y como presuntos miembros del Clan del Golfo tendrían injerencia en la subregión de los Montes de María en los municipios de Coloso, Chalán y Ovejas (Sucre).
Según el ente investigador los integrantes cumplían roles dentro de la organización, que venía actuando desde mayo de 2022.
Los imputados fueron capturados por funcionarios de la Policía Nacional el 29 de noviembre del año en curso en Chalán durante diligencias de allanamiento y registro.
La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.
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VHGB/FAGH/AR/DSS
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
