Por su presunta responsabilidad en el delito de fabricación, tráfico, y porte de estupefacientes con fines de narcotráfico, tres pescadores de origen nicaragüense fueron enviados a la cárcel con medida de aseguramiento por un juez de control de garantías, a petición del ente acusador durante las audiencias concentradas.
Los cobijados con la medida judicial son Javier Enrique Gutiérrez, Carlos Adonis Algueda y Kenny Clovis Tucker Moore, quienes se movilizaban en la lancha Go Fast La Negrita, que fue objeto de una operación de interdicción marítima, cuando se movilizaba por el sector de Bocas del Naya, jurisdicción del puerto de Buenaventura y se dirigía a altamar.
El operativo fue realizado el pasado 10 de diciembre por servidores del Grupo Investigativo contra el Narcotráfico del CTI Seccional Cali, en coordinación con personal de guardacostas de la Armada Nacional, quienes al interceptar la embarcación hallaron 93 costales que contenían 2.265 paquetes de una sustancia vegetal. Tras la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (Piph), se evidenció que se trataba de marihuana, con un peso neto de 2 toneladas y 248 kilos.
Igualmente fueron hallados 80 paquetes cuyo contenido arrojó positivo para cocaína, con un peso neto de 80 kilos.
De acuerdo con la investigación del ente acusador, este cargamento avaluado en más de 1.300 millones de dólares pertenecería al grupo armado organizado residual Óliver Sinisterra.
En el operativo fueron incautados 2 motores fuera de borda, un GPS, un radio, un sensor radar, un teléfono satelital y un teléfono celular, entre otros elementos.
La Fiscalía habla con resultados
JGPV/JC/DLBM.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
