Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías aseguró en centro carcelario a Christian Camilo Aldana Pérez y a Mario Andrés Jiménez Logines. Los dos hombres estarían implicados en secuestro de un conductor por cuya liberación exigían cerca de 29 millones de pesos.
Los hechos ocurrieron la tarde del pasado 15 de junio cuando la víctima fue contratada para, supuestamente recoger varias personas en área rural de Acacias y luego llevarlos a Villavicencio (Meta).
Cuando la víctima se disponía a prestar el servicio modificaron la ruta obligándolo a desplazarse a una zona despoblada de un sector conocido como Las Colonias donde habría sido detenido por los ahora procesados, quienes con armas retuvieron al conductor afirmando pertenecer a las disidencias de las Farc.
Durante el tiempo que duró el secuestro fueron enviadas pruebas de supervivencia en las que la víctima pedía ayuda para que no quemaran el automotor con él dentro.
Horas después del secuestro servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y del Gaula Militar verificaron la ubicación del automotor y se desplazaron al lugar donde fueron capturados en flagrancia los dos procesados. La víctima fue rescatada y su vehículo recuperado.
La Fiscalía les imputó el delito de secuestro extorsivo agravado, cargo que no fue aceptado.
Mario Andrés Jiménez tiene vigentes dos condenas por concierto para delinquir y porte de armas de fuego y municiones. Además de tener medida de aseguramiento vigente por el delito de concierto para delinquir, desplazamiento forzado y porte de armas de fuego.
Esta información se publica por razones de interés general.
PYMP/LMFO/MAGA/JHM/DSM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
