El cuerpo de la víctima fue arrojado en una zona despoblada del municipio de Don Matías (Antioquia).
La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario contra Carlos David Cortés Ayala, Diego Alejandro Areiza Salazar y Jiner Gambindo Vásquez, presuntamente implicados en el homicidio de Jhon Jairo Pérez Monsalve, de 53 años, quien se desempeñaba como conductor de un vehículo adscrito a una aplicación digital de transporte.
Los hechos investigados ocurrieron la tarde del pasado 9 de diciembre cuando, al parecer, la víctima fue contactada por los procesados para prestar un servicio desde Medellín hacia el municipio de Barbosa (Antioquia).
Labores de policía judicial evidenciaron que el conductor fue asesinado durante el recorrido. Los culpables habrían sido los procesados quienes además se cree arrojaron el cadáver en un lugar despoblado de la vereda La Pradera del municipio de Don Matías (Antioquia), y después continuaron su recorrido en el automotor hacia el municipio de Segovia, nordeste del departamento.
Un día después, y ante la denuncia formulada por el hurto del vehículo, Cortés Ayala, Areiza Salazar y Gambindo Vásquez fueron capturados por la Policía Nacional cuando se movilizaban por el municipio de Remedios.
Durante la realización de los actos urgentes ordenados por la Fiscalía se determinó que los procesados serían los responsables de la muerte del conductor y del hurto del automotor. Por estos hechos fueron imputados por homicidio agravado y hurto calificado y agravado. Los cargos no fueron aceptados.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
LFML/MAGA/DPB/DSA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
