La Fiscalía General de la Nación avanza de manera significativa en la investigación de un feminicidio y dos homicidios ocurridos en Piedecuesta (Santander), dejando como resultado a cinco personas con medida de aseguramiento en centro carcelario.
El 21 de abril del 2024, en el barrio Nueva Colombia, un hombre de 31 años al parecer atacó con arma blanca a su expareja quitándole la vida, después de encontrarla departiendo con un amigo.
Durante la investigación se pudo establecer que la víctima, de 22 años, le había terminado por sus comportamientos agresivos. Sin embargo, el hombre continuaba asediando.
El hoy asegurado, quien fue capturado en el lugar de los hechos por parte de miembros de la Policía Nacional, la Fiscalía le imputó el delito de feminicidio agravado, al cual no se allanó.
De otra parte, la Fiscalía presentó ante un juez con función de control de garantías a Rito Antonio Carrillo Arenales, de 33 años, a quien le imputó el delito de homicidio agravado por su presunta responsabilidad en la muerte de un hombre el 10 de abril de 2024, en el parque principal del municipio.
La víctima era la expareja de su actual compañera sentimental, y a quien al parecer atacó con arma cortopunzante en medio de una discusión en que se vieron involucrados.
El hoy asegurado no se allanó a cargos.
Entre tanto, un hombre que fue atacado con arma cortopunzante en medio de una riña, falleció el 7 de abril de 2024 en el barrio Villa Camila.
A los tres presuntos responsables del crimen: Milton Yadir Lozano Pineda, César Augusto Roa Roa y Sara Patricia Roa Medina, capturados en flagrancia, la Fiscalía les imputó el delito de homicidio agravado. Cargo que no fue aceptado por ninguno de los procesados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
