Los procesados deberán responder como supuestos responsables de participar en cuatro homicidios cometidos este año en los municipios de Anzá, San Jerónimo y Santafé de Antioquia.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en contra de Astrid Carolina Aguinaga Alcaraz, Jader Palacios Calle y los ciudadanos venezolanos Jeiver José Lugo Quiroz, alias Veneco; y Daniel Alejandro Gómez Gómez, alias Pocho.
Estas personas fueron imputadas como posibles responsables de homicidio y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, ambos agravados. Al parecer, los procesados habrían participado en cuatro homicidios ocurridos entre el 26 de marzo y el 21 de junio del presente año en el Occidente antioqueño.
Labores de policía judicial evidenciaron que una de las víctimas fue una mujer de 49 años quien fue sacada de un hotel y asesinada con disparos en zona rural de Santafé de Antioquia. En otro hecho, ocurrido el pasado 22 de mayo, fue asesinado con arma corto punzante un joven de 21 años. Los hechos ocurrieron en el vecino municipio de San Jerónimo.
Las otras dos víctimas fueron asesinadas el pasado 21 de junio en los municipios de Anzá y Santafé de Antioquia. Las personas fueron sacadas por la fuerza de una vivienda y trasladadas hasta sectores rurales donde las asesinaron con armas corto punzantes y de fuego.
Los cuatro procesados fueron capturados por servidores de la Sijín de la Policía Nacional en distintas poblaciones del departamento. Ninguno de ellos se allanó a los cargos imputados.
LFML/AM/DSA/LMFO/MAGA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
