El investigado haría parte de ‘Los Cadeneros’, una banda delincuencial dedicada al fleteo en varios municipios del departamento.
La Fiscalía General de la Nación consiguió que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra Kevin Javier Torres Corredor, como presunto responsable de participar en la muerte de un comerciante de 30 años, asesinado durante un hurto.
De acuerdo con la investigación, el pasado 19 de abril en zona urbana del municipio de Caucasia (Antioquia) varios hombres armados dispararon contra el comerciante por oponerse a un robo.
Los presuntos delincuentes, que se movilizaban en motocicletas, despojaron la víctima y a su acompañante de dinero en efectivo y joyas avaluadas en más de 35 millones de pesos.
De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal especializado de la Seccional Antioquia, Torres Corredor haría parte de una banda delincuencial conocida como Los Cadeneros, dedicada a cometer fleteos en los municipios de Barrancabermeja, Floridablanca y Bucaramanga (Santander).
El procesado fue capturado por la Policía Nacional en el municipio de Tocaima (Cundinamarca), y no se allanó a los cargos imputados por la Fiscalía por los delitos de homicidio, porte ilegal de armas de fuego de defensa personal y hurto calificado, todos agravados.
Por los mismos hechos ya habían sido capturados y afectados con medida de aseguramiento intramural Duván Alberto Rincón Acuña, alias El Gordo Duván, presunto cabecilla de la banda y su hermano Carlos Daniel, alias El Gordo Dani.
Esta información se publica por razones de interés general.
LFML/AL/LMFO/MAGA/DS
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
