El hombre quien se desempeñaba como docente de una institución educativa de Ipiales, al parecer, la embarazó y la obligó a abortar.
Ante la contundencia del material probatorio recaudado por un fiscal del Centro de Atención Integral de Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS), un juez penal con control de garantías de Ipiales (Nariño), dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de un hombre señalado como presunto autor material de los delitos de acceso carnal violento, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales abusivos con menor de 14 años todas las conductas delictivas agravadas.
De acuerdo con la investigación, la víctima habría sido sometida a toda clase de abusos y vejámenes sexuales desde los 9 hasta los 24 años.
Además, se evidenció que presuntamente el procesado intimidaba a su hija amenazándola que mataría a su progenitora si llegaba a contarle algo de lo que sucedía. Asimismo, cuando la víctima cumplió 20 años, al parecer, fue embarazada por su padre y presuntamente la llevó a un motel donde le practicó un aborto clandestino, haciéndole consumir unas pastillas abortivas.
Todos estos episodios de violencia sexual llevaron a que la víctima ingresara varias veces a centros de salud por intentos de suicidio.
Con los elementos materiales probatorios y evidencia física, funcionarios del CTI, junto a uniformados de la Sijin de la Policía Nacional, cumplieron una orden de captura emitida por un juzgado penal de Ipiales, al detener al docente en la educación educativa donde trabajaba.
Durante las audiencias concentradas, el padre de familia no aceptó los cargos imputados.
JGPV/FAGH/JPGG/DSN
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
