El procesado, quien aceptó cargos, habría abusado de la mujer en un sitio despoblado en el norte de Bogotá.
La Fiscalía logró la judicialización de Nelson Javier Villamil Jiménez quien, al parecer, abusó de una mujer que recogió por medio de una aplicación de transporte de personas.
La investigación fue adelantada bajo la coordinación de una fiscal del Grupo Élite de Delitos Sexuales, GEDES de Bogotá, con apoyo de la Policía Judicial Sijín. Los hechos ocurrieron el 15 de diciembre de 2020 cuando una mujer de 19 años, solicitó el servicio de transporte por medio de una aplicación.
De acuerdo con el material probatorio recaudado, al llegar el vehículo, el conductor se habría percatado que la pasajera se encontraba en estado de embriaguez y habría aprovechado la situación para llevarla a un sitio despoblado en el norte de Bogotá para accederla carnalmente dentro del automóvil.
La joven logró escapar del vehículo y auxiliada por la comunidad. El presunto agresor sexual huyó del lugar.
El día 26 de enero de 2022, servidores de la Sijín hicieron efectiva la orden de captura en contra de Villamil Jiménez, quien aún trabajaba como conductor de la aplicación de servicio de transporte.
En audiencias preliminares se legalizó la captura. La Fiscalía formuló imputación a Villamil Jiménez por el delito de acceso carnal o acto sexual con persona incapaz de resistir en circunstancia de mayor punibilidad, cargos que fueron aceptados por el procesado.
Por solicitud de la Fiscalía, un juez con función de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Villamil Jiménez.
La Fiscalía habla con resultados.
LMFO/ERR/FAGH/MRC/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
