Con la documentación fraudulenta una red delictiva obtuvo autorizaciones para la reposición de los automotores ante el Ministerio de Transporte.
Las pruebas presentadas en juicio por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción permitieron a un juez penal de conocimiento condenar al técnico de automotores de la Policía Nacional Reinaldo Barón Durán, a 10 años de prisión como responsable de los delitos de prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público agravado.
El hoy sentenciado, entre 2010 y 2012, usó el cargo que desempeñó en Bucaramanga (Santander) para expedir documentos falsos que acreditaban la pérdida total de camiones y tractocamiones por accidentes de tránsito. En el curso de la investigación se constató que emitió esos conceptos sin realizar los peritajes y las pruebas técnicas de rigor, y citando siniestros y eventos que nunca ocurrieron.
Con los documentos espurios que generó el exfuncionario, una red delictiva obtuvo ante el Ministerio de Transporte certificaciones para chatarrizar vehículos de carga y autorizaciones para matricular automotores nuevos por reposición.
Barón Durán deberá cumplir la pena en centro carcelario. El fallo en su contra también dispuso el pago de una multa equivalente a 56 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos e inhabilidad para ejercer funciones públicas por 131 meses.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
LAGP/JARG/MQ/DECC/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
