La procesada estaría involucrada en 355 eventos delictivos que le representaron pérdidas a la por más de 4.600 millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, acusó formalmente a Diana Marcela Rojas Muñoz, exfuncionaria de Colpensiones que habría participado en un millonario fraude mediante el reconocimiento irregular de pensiones entre 2014 y 2015.
Las investigaciones dan cuenta que la hoy procesada, al parecer, habría hecho parte de una red delictiva conformada por funcionarios y particulares. Presuntamente, modificó historias laborales y aumentó fraudulentamente el número de semanas cotizadas a personas que no cumplían con el tiempo laboral exigido por la ley.
Rojas Muñoz, presuntamente, alteró en 355 oportunidades las bases de datos de Colpensiones. En 140 de los casos, identificados por la entidad, habría emitido resoluciones que ordenaron el pago de pensiones de jubilación o retroactivos; mientras que 215 actuaciones ilícitas fueron detectadas oportunamente y se evitó el desembolso de dinero.
Las diferentes maniobras ilegales generaron un detrimento al patrimonio de Colpensiones avaluado en $ 4.652 millones de pesos.
En ese sentido, Diana Marcela Rojas Muñoz deberá responder en juicio como presunta responsable de los delitos de estafa agravada, fraude procesal, acceso abusivo a un sistema informático, falsedad material en documento público y violación de datos personales.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
LAGP/JARG/EAC/MCR/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
