Es señalado de ordenar a directivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) entregar 4.000 millones de pesos al expresidente del Congreso, Iván Name Vásquez, y al expresidente de la Cámara de Representantes, David Calle Aguas.
Ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González Merchán, por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado y lavado de activos.
El exfuncionario, entre septiembre y octubre de 2023, habría impartido instrucciones al exdirector de la Ungrd, Olmedo de Jesús López Martínez, para pagar coimas a los entonces presidentes del Congreso del Senado de la República, Iván Leonidas Name Vásquez; y de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas, con dineros provenientes de la contratación de la entidad
Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que ordenó la entrega de 3.000 millones de pesos con destino al congresista Name Vásquez, a través de la exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Liliana Ortiz Nova. Por su parte, el exsubdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, trasladó a Montería (Córdoba) 1.000 millones de pesos con destino al representante Calle Aguas.
Los recursos comprometidos provenían de un contrato para el suministro de 40 carrotanques para el transporte de agua potable a comunidades indígenas de la Alta Guajira.
Esta información se publica por razones de interés general.
LAGP/JARG/MCP/UFDCSJ.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
