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Judicializado clan familiar que estaría implicado en el blanqueo de activos del narcotráfico

Se trata de cuatro hermanos que habrían prestado sus nombres para adquirir bienes con dineros que provendrían del tráfico trasnacional de estupefacientes.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, judicializó a los hermanos Carlos Eduardo, Diana Johana, Jorge Alberto y Javier Mauricio Romero Salamanca, quienes serían los responsables de blanquear los recursos ilícitos de una red narcotraficante.

Los integrantes de este clan familiar figuran como propietarios de bienes muebles e inmuebles, y establecimientos de comercio, los cuales habrían sido adquiridos con dineros producto del envío de estupefacientes a Estados Unidos.

En el curso de la investigación se estableció que las propiedades fueron afectadas con medidas cautelares de extinción del derecho de dominio y dejadas a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE); sin embargo, los hermanos Romero Salamanca, al parecer, han presentado solicitudes para recuperarlos.

Los elementos de prueba indican que los hoy procesados tendrían vínculos con un colombiano extraditado a Estados Unidos, que en su momento era considerado como uno de los socios del narcotraficante conocido come el ‘Loco Barrera’.

Por todo lo anterior, la Fiscalía imputó a los presuntos implicados los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y testaferrato. Los cargos no fueron aceptados.

Por decisión del juez de control de garantías, Carlos Eduardo y Javier Mauricio recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario; mientras que los otros dos hermanos seguirán vinculados a la investigación.

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

 

 

 

 

MAGA/JARG/LABF/DPFC/MRC

 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

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