Un fiscal adscrito a la Dirección Especializada Contra el Lavado de Activos judicializó a Yolima Yohana Murgas Guzmán, como presunta responsable del blanqueo de capitales. Contra esta persona existía una orden de captura desde julio de 2023 por el delito de lavado de activos. La presión de las autoridades habría motivado a la procesada a presentarse ante la Sijín de Policía Nacional en Riohacha (La Guajira), para responder por la investigación penal en su contra.
Al parecer, Murgas Guzmán asumió el control de los negocios de su esposo Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho o Ganadero, quien fue extraditado y condenado en Estados Unidos como responsable del delito de concierto para fabricar y distribuir una sustancia controlada en ese país.
Una vez cumplida la sentencia en el exterior alias Pinocho habría regresado a Santa Marta para, al parecer, retomar contactos con las organizaciones ilegales como Los Pachencas, logrando desempeñarse como cabecilla financiero y encargado del tráfico de estupefacientes, extorciones y homicidios.
Labores de policía judicial evidencian que los recursos obtenidos producto de estos delitos habrían sido controlados por la ahora procesada durante los años 2007 y 2020. Dichas sumas habrían sido usadas para comprar propiedades en Barranquilla; constituir, al menos, 3 compañías; una de ellas con sede en Madrid (España); donde además adquirió 3 inmuebles. El valor de estos activos superaría los 272.802 euros.
Para la Fiscalía la procesada no cuenta con la capacidad económica que le permita sustentar la adquisición lícita de dichos bienes. Cálculos preliminares indican que Yolima Yohana Murgas Guzmán habría lavado de activos por más de 2.911 millones de pesos. Por decisión del juez del caso la procesada deberá afrontar el proceso judicial en libertad.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MAGA/CEVS/DECLA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
