Entre 2019 y 2023, habrían legalizado los activos a través de dos empresas de comercialización de productos cárnicos.
La labor investigativa de la Fiscalía General de la Nación, en articulación con la DIJIN de la Policía Nacional, permitió identificar a una red delictiva que estaría involucrada en el lavado de 24.970 millones de pesos, que corresponderían a recursos obtenidos por el tráfico trasnacional de estupefacientes.
En diligencias realizadas en Bogotá, Cartagena (Bolívar), Baranoa (Atlántico) e Ibagué (Tolima), fueron capturados 11 de los presuntos integrantes del entramado ilegal, entre ellos dos mayores en retiro de la Policía Nacional, identificados como Andrés Felipe Osorio Osorio y Carlos Mario Montoya Castro; algunos de sus familiares y conocidos.
Los elementos materiales probatorios indican que los oficiales habrían constituido dos comercializadoras de productos cárnicos, con el propósito de darle tránsito a los dineros ilícitos. Una de las compañías, en tan solo dos años, reportó transacciones bancarias por 11.000 millones de pesos, movilizó 971 millones en efectivo en carros de valores y registró 117 transacciones por 33.000 dólares en el Banco de República.
Los demás detenidos, al parecer, estaban vinculados a las empresas y figuraban como titulares de 7 lotes, 2 casas, 12 apartamentos, 9 vehículos y objetos lujosos, sin tener la capacidad económica ni estabilidad laboral para obtener estos bienes.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los 11 capturados los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos. Los cargos no fueron aceptados. Los mayores en retiro seguirán privados de la libertad en sus lugares de residencia, donde permanecen luego de ser judicializados y asegurados por tráfico de estupefacientes, en agosto de 2023.
Esta información se publica por razones de interés general.
LAGP/JARG/LL/AL/DECLA.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
