Los procesados llevaban el dinero en un vehículo que, después de una persecución en Cali, fue interceptado por las autoridades.

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de los hermanos Jorge Iván y Gustavo Adolfo Puerta Giraldo, quienes serían los responsables de transportar 1.009 millones de pesos en efectivo, cuyo origen no han podido justificar hasta el momento.

Personal de seguridad de un centro comercial Cali (Valle del Cauca) alertó a las autoridades sobre la presencia de un carro sospechoso de color negro. Unidades de la Policía Nacional llegaron al lugar para verificar la información; sin embargo, las personas a bordo del vehículo arrancaron y emprendieron la huida.

Jorge Iván y Gustavo Adolfo Puerta Giraldo serían responsables de transportar 1.009 millones de pesos en efectivo.

Patrullas de la estación El Caney persiguieron al automotor y lo interceptaron luego de que chocara. En la inspección los uniformados encontraron tres maletines en los que estaba el dinero. El conductor y su hermano fueron capturados en situación de flagrancia.

Un fiscal de la Dirección Especializada Contra el Lavado de Activos presentó a los detenidos ante un juez de control de garantías y los imputó como presuntos responsables del delito de lavado de activos. Los procesados no aceptaron el cargo y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

De otra parte, los 1.009 millones de pesos fueron afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo con fines de comiso.

Esta información se publica por razones de interés general.

MAGA/JARG/CEV/MCRC

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.