• La cifra corresponde a inmuebles sobre los cuales se han obtenido medidas cautelares por parte de la Magistratura durante los últimos cuatro años.

  • Esta es la mayor cuantía patrimonial puesta a disposición del Fondo desde la implementación de la Ley de Justicia y Paz.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Justicia Transicional, obtiene resultados sin precedentes en la implementación de la Ley de Justicia y Paz para la materialización efectiva de los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantizar la no repetición de las víctimas del conflicto armado colombiano.

Entre 2020 y 2023, se han entregado al Fondo para Reparación a las Víctimas bienes que en valor supera 1 billón 708 mil millones de pesos. Se trata de la mayor cuantía patrimonial puesta a disposición desde la implementación de la Ley de Justicia y Paz, y representa un crecimiento exponencial si se tiene en cuenta que en el periodo 2006 – 2019, fueron entregados al Fondo inmuebles estimados en su valor comercial en 500.000 millones de pesos.

Para el año 2023, la Fiscalía puso a disposición del Fondo para la Reparación a las víctimas para su administración 600 propiedades que estarían vinculadas a las extintas estructuras paramilitares, las cuales superan en valor los 933.014 millones pesos. Sobresalen los siguientes bienes:

  • Hacienda Virgen del Cobre, ubicada en Necoclí (Antioquia). Su valor asciende a 219.000 millones de pesos y estaría asociada al bloque Elmer Cárdenas de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
  • Finca Torrealta, localizada en Rionegro y El Retiro (Antioquia). Este globo de terreno está relacionado con la denominada Casa Castaño de las AUC y su valor asciende a 73.606 millones de pesos. En los folios de matrícula aparecía como propietario, entre otras personas, el exgobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez.
  • 115 inmuebles asociados a alias Memo Fantasma y el Bloque Central Bolívar de las AUC. Están estimados en 173.028 millones de pesos.
  • Finca La Caña, ubicada en zona rural de Montería (Córdoba). Alcanza un valor de 44.142 millones de pesos y está vinculada al accionar delictivo del denominado ‘Clan Cifuentes Villa’, presunto financiador de la Casa Castaño.

Hechos imputados

Entre 2020 y 2023, el Grupo de Judicialización de Hechos de la Dirección de Justicia Transicional ha radicado ante la Magistratura solicitudes de imputación respecto de 83.769 hechos atribuibles a las estructuras paramilitares y ha culminado audiencias de formulación de imputación respecto de 57.400 delitos. Este es un resultado sin precedentes desde la puesta en marcha de la Ley de Justicia y Paz, y supera las imputaciones efectuadas para el periodo 2006 – 2019.

Entre los hechos imputados hay 36.598 homicidios en persona protegida, 36.224 casos de desplazamiento forzado, 11.183 desapariciones forzadas, 2.087 sucesos de violencia basada en género y 805 homicidios múltiples o colectivos. 24.165 delitos se le han atribuido al excabecilla paramilitar Salvatore Mancuso Gómez en los últimos cuatro años.

En lo que respecta a exclusiones de Justicia y Paz, sobresale la decisión en contra de Hernán Giraldo Serna, alias el Patrón de la Sierra o Taladro, quien perdió los beneficios por estar involucrado en actos de violencia sexual en contra de menores de edad con posterioridad a la desmovilización.

Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega (GRUBE)

En un periodo de cuatro años, el GRUBE ha realizado 2.093 exhumaciones de victimas de desaparición forzada en los diferentes cementerios y fosas comunes localizadas en el país. De igual forma, ha entregado dignamente 1.142 cuerpos de víctimas, luego de surtirse el proceso de identificación mediante protocolos forenses ejecutados en los diferentes laboratorios de la entidad.

En ese trabajo de cara a las víctimas, la Dirección de justicia Transicional ha liderado en casi cuatro años 119 jornadas de atención, en las que fueron asistidas y escuchadas 16.327 personas afectadas por el conflicto, en diferentes municipios.

Compulsa de copias

El Grupo de Compulsa de Copias de la Dirección de Justicia Transicional ha logrado la judicialización de 72 terceros que habrían promocionado o financiado el paramilitarismo en Colombia. Sobresalen los siguientes casos:

  • Resolución de acusación en contra del actual presidente y el expresidente de la multinacional Drummond por presunta financiación al frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las AUC.
  • Judicialización de algunos empresarios bananeros señalados de promover la creación y financiación del Bloque Bananeros de las AUC.
  • Resolución de acusación en contra de 6 terceros promotores y financiadores del Bloque Calima de las AUC.
  • Resolución de acusación en contra de 19 empresarios, ganaderos y funcionarios que habrían participado en el desplazamiento de 844 víctimas de la cuenca de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó para desarrollar proyectos de siembre de palma y ganadería en la región.

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

 

 

 

 

LMFO/JARG/SER/DJT/MRC.

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.