Para facilitar el acceso de las víctimas a la administración de justicia y para que puedan hacer efectivos sus derechos a la verdad, justicia y reparación, la normativa de la Ley de Justicia y Paz estableció como mecanismo idóneo que se emplazara públicamente a todas las personas que se crean con derecho a reclamar reparación por daño físico, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales sufridos de manera individual o colectiva, como consecuencia de las conductas punibles atribuibles a los miembros de los grupos organizados al margen de la ley.
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