Las propiedades afectadas con medidas cautelares están avaluadas en 47.000 millones de pesos.
El trabajo investigativo articulado de la Delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía General de la Nación y la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, permitió detectar el patrimonio ilícito de una red, que estaría conformada por empresarios, contadores, trabajadores de bancos y otras personas señaladas de lavar más de 281.000 millones de pesos, producto de actividades ilícitas.
Luego de la captura y judicialización de 12 presuntos integrantes de esta organización, en diligencias realizadas a principios de este mes, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 48 bienes, que habrían sido adquiridos con los dineros presuntamente obtenidos por las maniobras de blanqueo.
Las propiedades afectadas, avaluadas en 47.000 millones de pesos, están distribuidas en 16 inmuebles, 1 vehículo, 6 sociedades y 9 establecimientos de comercio. Todas fueron ocupadas en procedimientos cumplidos en Armenia (Quindío), Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y Pereira (Risaralda); Cali, Cartago y Dagua (Valle del Cauca); Cúcuta (Norte de Santander), Bucaramanga (Santander) y La Mesa (Cundinamarca).
De acuerdo con los elementos de prueba, las personas vinculadas al esquema de lavado de activos habrían prestado sus nombres y empresas localizadas en el Eje Cafetero y norte de Valle del Cauca para mover e ingresar al sistema financiero millonarias sumas producto del tráfico de drogas.
Las investigaciones dan cuenta de que los implicados se habrían valido de terceras personas para garantizar las operaciones ilícitas y hacerles llegar los dineros a la estructura criminal a la que le servían.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MAGA/JARG/LABF/MCRC/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
