La Fiscalía les imputó los delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, en concurso heterogéneo con homicidio agravado.

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de los patrulleros Leonardo Ardila Hernández y Rafael Francisco Polanco Arrieta por su presunta responsabilidad en la agresión y posterior muerte de Anderson Andrés Arboleda Montaño, en hechos ocurridos el 19 de mayo de 2020, en Puerto Tejada (Cauca).

Los elementos de prueba dan cuenta de que los uniformados, adscritos al cuadrante 6 del citado municipio, llegaron al barrio Santa Elena e increparon al joven porque, al parecer, incumplía el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Covid-19. Uno de los funcionarios lo habría golpeado con el bastón o tonfa en la cabeza y el brazo izquierdo; mientras que el otro, supuestamente, le lanzó una sustancia que sería gas pimienta.

La víctima, de 19 años, fue traslada a una clínica en Cali (Valle del Cauca), donde murió dos días después producto de un trauma craneoencefálico severo.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a los dos patrulleros los delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, en concurso heterogéneo con homicidio agravado.

Los procesados no aceptaron los cargos y, por disposición de una juez de control de garantías de Puerto Tejada (Cauca), recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia.

JARG/GCM/CJR/MCRC

La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.