El procesado es señalado de recibir a los migrantes en la isla, proporcionarles alojamiento y transportarlos en lancha a Centro América. Por esta actividad, al parecer, cobraba entre 1.100 y 1.700 dólares por persona.
La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia a un grupo delincuencial que, durante 2022, habría favorecido el tránsito ilegal de migrantes por el Archipiélago de San Andrés con destino a Centroamérica y, posteriormente, a Estados Unidos.
Entre los presuntos integrantes de esta organización se encuentra Clins Tobert Henry Livingston, quien, aprovechando su residencia en San Andrés, al parecer recibía a los migrantes en la isla, coordinaba su alimentación y alojamiento, y gestionaba su transporte marítimo en lanchas turísticas hacia playas de Nicaragua. Por esta actividad, presuntamente exigía pagos entre 1.100 y 1.700 dólares por persona.
La investigación, liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, permitió establecer la presunta participación del procesado en varios eventos. Entre ellos, uno ocurrido el 12 de octubre de 2022, cuando habría facilitado el zarpe clandestino de una embarcación con 13 ciudadanos venezolanos y dos tripulantes colombianos con destino a Corn Island (Nicaragua). Hasta el momento se desconoce el paradero de estas personas y se presume que la embarcación naufragó en mar abierto.
Ante un juez de control de garantías, Henry Livingston fue imputado por los delitos de tráfico de migrantes y concierto para delinquir. Los cargos fueron aceptados por el procesado.
La investigación contó con el apoyo de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE-HSI) y del Grupo DIJIN-Homeland Security Investigations de la Policía Nacional.
Esta información se publica por razones de interés general.
LAGP/LCHG/CCHA/DECC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
