El hombre hizo varias señales con sus manos durante dos audiencias que se realizaron de manera virtual. En una, simuló que disparaba un arma de fuego; y en otra, hizo una cruz con los dedos.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Sebastián Caicedo Castillo, un integrante de la estructura delincuencial ‘La Inmaculada’ señalado de lanzar amenazas de muerte simbólicas en contra de una juez penal municipal, que cumplía transitoriamente funciones de conocimiento en Tuluá (Valle del Cauca).
El 25 de octubre de 2022, en desarrollo de una audiencia virtual de individualización y sentencia, este hombre habría utilizado la mano derecha para simular que disparaba un arma de fuego, justo en el momento en el que intervenía la funcionaria judicial. Algo similar ocurrió en la conexión del 20 de junio de 2023, durante la lectura de fallo condenatorio en su contra, se acercó a la cámara e hizo con los dedos la señal de la cruz.
Por estos hechos, un fiscal del Grupo de Amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, en apoyo a la Seccional Valle del Cauca, le imputó el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos. El cargo no fue aceptado.
Actualmente, Sebastián Caicedo Castillo permanece privado de la libertad en centro carcelario, en cumplimiento de una condena en su contra por el delito de extorsión agravada.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
JARG/HATP/DEVDH/MCRC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
