Fiscalía General de la Nación

Nuestros registros indican que el 68% de los 1.322 casos de homicidio contra personas defensoras de derechos humanos que conoce la Fiscalía ocurrieron en el entorno rural. Estos lamentables hechos tienen lugar en regiones del país con fuerte presencia de organizaciones criminales que obtienen rentas de las economías lícitas e ilícitas, además en estas zonas la violencia es tan alta que, en ocasiones, desborda la capacidad de respuesta de las autoridades del Estado.

Por ejemplo, solo en el municipio de San Andrés de Tumaco, la Fiscalía conoce 40 casos de homicidio contra personas defensoras de derechos humanos en los últimos 8 años, lo que representa el 3% de todo el país y resulta especialmente llamativo si se considera que su población está alrededor de los 250 mil habitantes. Estos hechos, además de ocurrir en la ruralidad, afectan a grupos de especial protección constitucional como la población indígena o la población afrodescendiente. En Tumaco, por ejemplo, se han registrado múltiples homicidios contra líderes indígenas que pertenecen al pueblo Awá.

Prueba de lo anterior es que los tipos de liderazgos con mayor número de víctimas son los que se ejercen predominantemente en el sector rural, como los líderes comunales (373 casos con 380 víctimas), líderes indígenas (215 casos con 240 víctimas), líderes comunitarios (222 casos con 227 víctimas), líderes campesinos (117 casos con 116 víctimas) y líderes afrodescendientes (49 casos con 50 víctimas). En conjunto, estos liderazgos representan el 74% de los 1.322 casos que conoce la Fiscalía en la jurisdicción ordinaria.

Aunque este fenómeno delictivo se caracteriza por su dispersión a lo largo y ancho del país, pues los casos que conoce la Fiscalía corresponden a hechos ocurridos en 31 de los 32 departamentos, el 52% de los homicidios contra personas defensoras de derechos humanos se concentran en 5 departamentos (Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño y Norte de Santander).

En estos departamentos están los seis municipios donde el homicidio de personas defensoras de derechos humanos se presenta en mayor proporción, así: i) San Andrés de Tumaco (40 casos), (ii) Cali (24 casos), (iii) Cúcuta (23 casos), (iv) Caloto (22 casos), (v) Santander de Quilichao (21 casos) y (vi) Tibú (21 casos), lo que representa el 11% de todos los casos a nivel nacional.

En los territorios en los que ocurren crímenes contra los liderazgos sociales, estos grupos armados también atacan a la población firmante del Acuerdo Final de Paz y a la sociedad civil de manera general. Desde la visión de la Fiscalía, las organizaciones criminales son un factor que debilita el tejido social de las comunidades en las zonas más apartadas del país y compromete la vigencia del Estado Social de Derecho.

Debido a lo anterior, con el fin de responder a las necesidades de justicia de las comunidades en los territorios, la Unidad Especial de Investigación, creada por el Acuerdo Final de Paz con el objetivo fundamental de desmantelar las organizaciones criminales responsables de delitos contra defensores de derechos humanos y judicializar prioritariamente a los determinadores de estas conductas, hace presencia en 18 departamentos.

Esta Unidad aplica un enfoque investigativo que reconoce como primera hipótesis que el hecho delictivo se dio en razón al rol de defensor de derechos humanos de la víctima, el cual busca extenderse a todas las dependencias de la Entidad. De igual manera, la UEI aplica una metodología que consiste en: (i) la elaboración de análisis criminales con vocación de impulso procesal, (ii) la realización de informes de caracterización victimológica para casos individuales y asociación de casos, (iii) la identificación de personas externas a las organizaciones criminales que contribuyen con ellas y (iv) el análisis de estos datos en el Centro Estratégico de Información, todo lo cual permite abordar de manera organizada y con una perspectiva de macro criminalidad la situación de las personas defensoras de derechos humanos en Colombia.

Esta metodología ha hecho que la Unidad se organice en 6 regiones en las que se identificaron 5 situaciones de macro criminalidad con las siguientes características: (i) Economías lícitas e ilícitas explotadas por organizaciones criminales, (ii) Carencia de la implementación del Acuerdo Final de Paz, (iii) Vigencia de procesos comunitarios civiles que promueven la autonomía del territorio, (iv) Zonas en las que se aplican los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y (v) Regiones en las que existen AETCR (Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación) y nuevas áreas de reincorporación.

En primer lugar, la metodología de la Unidad Especial parte de la asociación de casos, situaciones y fenómenos criminales que permiten priorizar algunas afectaciones atribuibles a estos grupos armados. El análisis desde una perspectiva global permite comprender que la persecución que sufren las personas defensoras de derechos humanos no corresponde a hechos aislados, sino que es producto de decisiones conscientes de los actores armados ilegales que se sienten amenazados por la valiente labor de denuncia que realizan los líderes y las líderesas sociales, así como los defensores y defensoras de Derechos Humanos y la población firmante del Acuerdo Final de Paz.

En segundo lugar, la metodología se sustenta en la construcción de una adecuada caracterización victimológica que tenga en cuenta elementos del análisis criminal que afecta la labor de defensa de derechos humanos que ejercía la persona defensora asesinada. El estándar internacional de la debida diligencia supone que la víctima sea el centro de la actuación de la Fiscalía. Por esto, la investigación de delitos contra defensores asume que el hecho ocurrió por la labor de defensa de derechos humanos que ejercía la víctima en consideración a i) su rol como líder o lideresa social, (ii) la agenda de derechos humanos que promovía, (iii) el riesgo al que se enfrentaba en determinados territorios y (iv) el impacto desproporcionado del delito en la comunidad a la que pertenecía la persona defensora de derechos humanos. Todos estos elementos hacen parte del protocolo de caracterización victimológica construido por la Unidad Especial de Investigación.

En tercer lugar, la delimitación de las situaciones regionales está enfocada en la identificación de los determinadores u otros participes de las conductas que no necesariamente están al interior de la organización criminal y que podrían ser terceros, agentes del Estado o financiadores.

Finalmente, la metodología de la Unidad concentra los elementos materiales probatorios, la evidencia física y los resultados del análisis criminal en el Centro Estratégico de Información. Este ejercicio permite (i) identificar las zonas en las que se ejerce mayor violencia contra las personas defensoras de derechos humanos, (ii) identificar el modo en el que operan las organizaciones criminales responsables de estas conductas y (iii) facilita la construcción de líneas lógicas de investigación de acuerdo con el estándar internacional de la debida diligencia aplicable al abordaje de este tipo de violaciones a los derechos humanos. Adicionalmente, estos análisis pueden servir como un insumo aportado por la Fiscalía General de la Nación a las autoridades competentes, para que adopten decisiones en materia de política criminal, anticipen y mitiguen el riesgo que generan los actores armados.

Como producto de esta metodología, que, en aplicación del fortalecimiento al análisis criminal con apoyo en la tecnología contenido en el segundo pilar del Direccionamiento Estratégico, también aplican otras dependencias de la entidad, como la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y la Delegada para la Seguridad Territorial, del total de imputaciones (527), el 90% (es decir 472) se formularon contra miembros de grupos armados, lo que demuestra que este delito hace parte del repertorio de violencia que ejercen contra la población civil. De esa cantidad, en 256 casos (54%), el proceso penal ya avanzó a la siguiente etapa, pues la Fiscalía presentó acusación en contra de los individuos responsables, y en 126 casos se obtuvo una sentencia condenatoria.

Las Disidencias de las FARC^[2] son responsables de 214 (40%) de los 527 casos en los que la Fiscalía ya vinculó a los responsables a un proceso judicial, en otras palabras, sólo este grupo armado es responsable del 16% del total de casos que ha adelantado la Entidad. Las Disidencias son el actor criminal que mayor número de homicidios ha cometido, seguidas por el Clan del Golfo con 90 hechos y el ELN con 55.

^[2] Disidencias FARC Estado Mayor Central: 156 casos. Disidencias FARC Segunda Marquetalia: 58 casos.

Las variables que tiene en cuenta la Unidad Especial de Investigación para la construcción de las situaciones regionales de macro criminalidad son: i) territorialidad, lugar en el que se presentan las afectaciones; ii) temporalidad, línea de tiempo entre la primera y la última afectación que conoce la Fiscalía en determinado lugar del territorio y iii) estructura criminal que ejerce control territorial y determina los hechos victimizantes. Las 5 situaciones regionales de macro criminalidad son las siguientes:

1. Situación de macro criminalidad región oriental: abarca los departamentos de Arauca, Norte de Santander y Santander.
2. Situación de macro criminalidad Pacífico Sur Occidente: se extiende a los departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Valle del Cauca.
3. Situación de macro criminalidad región norte: que comprende los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Guajira, Magdalena Medio y Sucre.
4. Situación de macro criminalidad Noroccidental: para los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba.
5. Situación de macro criminalidad Orinoquia: integra los departamentos de Caquetá, Casanare, Guaviare, Meta y Putumayo.

1. Situación de macro criminalidad región oriental.

En los tres departamentos que comprende (Arauca, Norte de Santander y Santander) han ocurrido 146 homicidios contra personas defensoras de derechos humanos, el 11% de los 1.322 que conoce la Fiscalía en todo el país. Los municipios de Cúcuta (23 casos), Tame (21 casos), Tibú (21 casos) y Saravena (10 casos) concentran la mayor cantidad de homicidios contra líderes sociales en la región.

Además de los homicidios, en esta situación de macro criminalidad se ha identificado que quienes ejercen labores de defensa de derechos humanos usualmente son objeto de señalamientos por parte de los actores criminales, la persecución que se ejerce contra los liderazgos sociales se explica porque los actores ilegales los señalan como “enemigos”.

Esta región incluye a los municipios del Catatumbo y del norte del departamento de Arauca, donde ejercen presencia el ELN -Frente de Guerra Oriental- y las disidencias de las FARC-Estado Mayor Central-, entre otros grupos armados.

El 41% (60 casos) de los 146 homicidios contra personas defensoras de derechos humanos que han ocurrido en esta zona se atribuye a las siguientes estructuras criminales:

• ELN: 21 casos.
• Disidencias de las FARC- Estado Mayor Central-: 15 casos.
• EPL: 11 casos.
• Organizaciones criminales locales: 5 casos.
• Organizaciones criminales regionales: 4 casos.
• Clan del Golfo: 4 casos.

Esta región, al ser zona de frontera, representa un interés especial para las organizaciones criminales en relación con la explotación de las rentas producidas por las economías ilícitas. En este contexto, los municipios fronterizos funcionan como centros de extracción y transporte de contrabando y narcotráfico. Por esto, durante varias décadas han tenido presencia sostenida grupos como el ELN, el EPL y, en los últimos años, de las Disidencias de las FARC.

Las investigaciones de la Fiscalía permiten establecer que, en algunas zonas veredales de los departamentos de Arauca y Norte de Santander, existe un control total por parte de las organizaciones criminales en donde el acceso es limitado y es la población civil, a través de los defensores de derechos humanos (presidentes de las JAC, líderes comunitarios o trabajadores funerarios), la que tiene contacto con la Fiscalía para denunciar los homicidios perpetrados por los criminales.

La violencia suele aumentar cuando se terminan los pactos de paz entre los actores criminales, los lamentables hechos recientes que ocurrieron en el Catatumbo, por ejemplo, responden a la ruptura del pacto entre el ELN-Frente de Guerra Oriental y las Disidencias del Estado Mayor Central de las FARC, como ocurrió en el año 2022 en el departamento de Arauca por disputas entre el ELN y las Disidencias principalmente, aunque con participación de otros actores armados.

2. Situación de macro criminalidad Pacífico Sur Occidente.

En esta situación de macro criminalidad se agrupa el mayor número de homicidios contra personas defensoras de derechos humanos en el país, pues allí ocurrieron 493 casos que equivalen al 37% de los 1.322 procesos que adelanta la Fiscalía. En esta zona están 3 de los 5 departamentos con mayor número de víctimas: Cauca (252 víctimas), Nariño (101 víctimas) y Valle del Cauca (109 víctimas), además del departamento de Huila (31 víctimas).

Las diversas disputas territoriales en diferentes municipios de esta región han cobrado la vida de líderes y líderesas indígenas, afrodescendientes, comunales, sindicalistas e inclusive periodistas. Además de los ya mencionados municipios de Tumaco (40 casos), Cali (24 casos), Caloto (22 casos) y Santander de Quilichao (21 casos), la situación también comprende, entre otros, a municipios como Corinto (21 casos), Buenaventura (15 casos), Páez (13 casos), Argelia (12 casos), Toribio (12 casos), Jamundí (11 casos), Cajibío (11 casos), El Tambo (10 casos) y Tuluá (10 casos).

En el 34% de los homicidios ocurridos en esta zona, la Fiscalía ha vinculado a individuos que pertenecen a organizaciones criminales, de la siguiente manera:

• Disidencias de las FARC -Estado Mayor Central-: 102.
• Disidencias de las FARC -Segunda Marquetalia-: 26.
• ELN: 23.
• Organizaciones Criminales locales: 12.
• Organizaciones Criminales regionales: 6.
• Clan del Golfo: 1.

A diferencia de la región oriental, la violencia en el pacífico sur responde a múltiples dinámicas que incluyen el control de la frontera marítima y terrestre (Ecuador), las rutas fluviales, el control del puerto de Buenaventura, de los farallones de Cali y de Jamundí, entre otros, donde la delincuencia convierte en su blanco a los líderes de las organizaciones sociales que denuncian su accionar delictivo.

Desde la firma del Acuerdo Final la presencia de grupos armados en esta zona se ha reconfigurado. Así, las Disidencias de las FARC y el ELN se disputan el control del Norte del Departamento del Cauca, de Tumaco y el Pacifico Nariñense y de otras zonas del departamento del Cauca. Mientras tanto, el ELN mantiene su presencia histórica en algunos municipios del Cauca y grupos locales como la Inmaculada, los Chotas y los Espartanos en municipios del Valle del Cauca como Tuluá y Buenaventura.

Con el objetivo de ampliar las áreas de cultivos ilícitos y controlar la cadena de producción y distribución del narcotráfico, los grupos armados en esta zona ejercen una presión significativa sobre las comunidades étnicas, como los pueblos indígenas Awa y NASA y los consejos comunitarios negros del Norte del Departamento del Cauca, de Tumaco y del municipio de Buenaventura. La persecución contra los defensores de derechos humanos y contra los reincorporados es parte del repertorio de violencia que ejercen estos grupos criminales en la región. En municipios como Tuluá la incidencia de los criminales ha permeado a las instituciones públicas y ha cobrado la vida de defensores de derechos humanos que han denunciado esta cooptación.

3. Situación de macro criminalidad región norte: que comprende los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Guajira, Magdalena Medio y Sucre.

En esta región se han registrado 176 homicidios contra personas defensoras de derechos humanos (Bolívar 50, Magdalena Medio 48, Cesar 31, La Guajira 19, Sucre 15, Atlántico 13).

Los análisis evidencian que allí se presentaron conflictos históricos entre las fuerzas de seguridad del Estado y las extintas FARC EP y actualmente hay disputas por el dominio y control social de la población en el sur de Bolívar y en el Magdalena Medio entre el ELN, el Clan del Golfo y las Disidencias del Estado Mayor Central de las FARC. Adicionalmente, en la Sierra Nevada, Ciénaga y zona bananera del departamento de Magdalena ejerce control la estructura criminal Conquistadores de la Sierra.

La diversidad geográfica ha hecho que esta región históricamente haya sido de interés por parte de los grupos criminales. El suelo posee riquezas que permiten la explotación de la ganadería, minería de oro, además tiene zonas de puerto y frontera marítima. En varios municipios las comunidades subsisten gracias a estas actividades económicas, donde los entables mineros también representan la expresión de procesos sociales que han sido liderados por los presidentes de las juntas de acción comunal o por líderes sociales que gozan de reconocimiento por parte de la población.

Los homicidios contra las personas defensoras de derechos humanos de esta zona pueden explicarse, entre diversos motivos, por la necesidad de las estructuras criminales de eliminar al contrario. Además, los líderes son vistos como una amenaza para el control social que ejercen los actores ilegales sobre la población civil. De esta forma, además de los homicidios, los actores criminales suelen limitar el acceso de las organizaciones sociales a los territorios o usualmente convocan a reuniones para intimidar a la población. Ambas situaciones generan desplazamientos forzados masivos.

En el 33% de los 176 homicidios ocurridos en estos departamentos se tienen vinculados a las investigaciones a integrantes de organizaciones criminales así:

• Clan del Golfo: 22 casos
• Organizaciones criminales locales: 18 casos
• ELN: 7 casos
• Organizaciones criminales regionales: 6 casos
• Disidencias de las FARC- Estado Mayor Central: 5 casos
• Caparros: 1 caso.

4. Situación de macro criminalidad región noroccidental: Antioquia, Chocó y Córdoba.

Los 274 homicidios registrados en esta región han ocurrido en los departamentos de Antioquia (181), Córdoba (54) y Chocó (39). Estos tres departamentos concentran el 21% de los casos que conoce la Fiscalía General de la Nación. Los municipios de Medellín (21), Cáceres (16), Ituango (16) y Tarazá (12) concentran el mayor número de procesos en el departamento de Antioquia. Así mismo, Quibdó (11) y Riosucio (9), registran el mayor número de hechos en el departamento de Chocó.

Esta región ha sufrido múltiples confrontaciones a lo largo del conflicto armado interno. El Urabá Antioqueño y el Urabá Chocoano han sido el escenario del horror de la guerra, la Masacre de Bojayá y la persecución sufrida por la Comunidad de Paz de San José de Apartadó son testimonio de la barbarie a la que ha estado sujeta la población civil. Al igual que en la región sur occidental, la situación de macro criminalidad comprendida en el nor occidente del país involucra a comunidades étnicas como los consejos comunitarios de la Cuenca del Río Atrato o los del municipio de Acandí, las comunidades indígenas Emberá en el Chocó o los pueblos indígenas que descienden de los Zenú y residen en Córdoba y el Bajo Cauca Antioqueño.

El interés de las organizaciones criminales de la zona emana en las virtudes que produce el uso del suelo. Así los cultivos ilícitos son la motivación de las acciones delictivas del Clan del Golfo en el Sur de Córdoba. El repertorio de este grupo incluye prácticas extorsivas en contra de la población civil, tributos forzosos y la venta de servicios de “seguridad” entre otras conductas.

Entre tanto, en el departamento del Chocó y en el Urabá el Clan del Golfo y el ELN se disputan los corredores de movilidad hacia el pacífico y hacia el Darién. Como ejercicio de poder ambas organizaciones criminales suelen decretar “toques de queda” o confinamientos que afectan los derechos fundamentales de la ciudadanía. En los últimos años el control de la zona involucra el comercio ilegal, así como las rutas que usan los migrantes para llegar a Panamá.

El 39% de los 274 homicidios que se investigan en esta zona es responsabilidad de las siguientes organizaciones criminales:

• Clan del Golfo: 62 casos
• Caparros: 17 casos
• Organizaciones criminales regionales: 9 casos
• Organizaciones criminales locales: 7 casos
• Disidencias de las FARC EMC: 7 casos
• ELN: 6 casos.

5. Situación de macro criminalidad región Orinoquía: Caquetá, Casanare, Guaviare, Meta y Putumayo.

En los departamentos de Putumayo (72), Caquetá (46), Meta (34), Casanare (11) y Guaviare (9) se registraron en total 172 casos de homicidio contra personas defensoras de derechos humanos en los últimos 8 años. Los municipios de Puerto Guzmán (16), Puerto Asís (14), La Montañita (10) y San Vicente del Caguán (10) son los que mayor número de casos concentran en la región.

Estos departamentos han sido azotados por el crecimiento y expansión de las Disidencias de las FARC- Estado Mayor Central-, estructura criminal que ocupó el espacio dejado por el antiguo Bloque Oriental de las FARC- EP. El departamento de Casanare tiene una dinámica particular gracias a la presencia del Clan del Golfo, que se desplazó desde la región del Urabá (Antioquia y Chocó), con el objetivo de controlar las rentas que producen actividades ilícitas como el microtráfico.

En esta región existen varias aristas que explican la violencia que ejercen las organizaciones armadas. En primer lugar, en los departamentos de Meta (Losada – Guayabero, Güejar), Caquetá y Guaviare existen zonas de reserva campesina conformadas por la población civil. En segundo lugar, esta zona ofrece ventajas estratégicas para los actores armados al ser un corredor que conecta al Pacífico con el centro del País a través de las cordilleras y los ríos. No en vano, estos departamentos fueron el eje de expansión de las extintas FARC-EP.

En el 50% de los casos que conoce la Fiscalía en esta región se ha establecido la responsabilidad de integrantes de organizaciones criminales. Las Disidencias del Estado Mayor de las FARC con 38 casos son el grupo armado que mayor daño ha causado a los defensores de derechos humanos, seguido de las Disidencias de las FARC – Segunda Marquetalia (35 casos). Los demás hechos son atribuibles a organizaciones criminales locales (6), a organizaciones criminales regionales (3), al Clan del Golfo (3) y al ELN (1).

La Fiscalía General de la Nación también conoce otras conductas de las que son víctimas las personas defensoras de derechos humanos, una de las más recurrentes son las amenazas, temática que ha tenido un seguimiento especial desde el año 2018 y respecto de la que se ha diseñado una metodología para fortalecer su investigación y judicialización.

a. Amenazas contra personas defensoras de derechos humanos 

Es preciso señalar que el delito de amenazas, a diferencia de otros delitos, tiene complejidades muy particulares, dadas por la multiplicidad de sujetos procesales (víctimas y/ o victimarios), el gran número de hechos, el paso del tiempo entre el conocimiento de la amenaza y la denuncia a la Fiscalía, la dificultad en la recolección del material probatorio, por la multiplicidad de medios en los que se materializa: redes sociales, llamadas telefónicas, mensajes de texto, panfletos, sufragios, etc.

Con el fin de cumplir con el estándar de la debida diligencia, se ejecutaron acciones estratégicas que tienen en cuenta los desafíos identificados, entre ellas: contar con una metodología para la investigación de amenazas que tenga en cuenta sus diferentes modalidades de comisión, contar con un equipo disponible 24 horas al día los 7 días de la semana para responder a actos urgentes y actuar de manera inmediata una vez cometidos los hechos, así como contar con un grupo que coordine la investigación de esta conducta con las diferentes seccionales del país.

Además, todas las dependencias encargadas de investigar esta temática tienen como obligación activar las rutas de protección con quien es objeto de la amenaza, informando a las autoridades del caso para que tomen las medidas de protección de la vida y la integridad a favor de las víctimas, lo cual aplica tanto en el nivel central como en las diferentes seccionales del país.

Este grupo nacional fue creado mediante la resolución 0-775 de 2021, está adscrito a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y cuenta con fiscales e investigadores exclusivos para la atención de amenazas contra líderes sociales. Entre otras tareas y en el marco de la misionalidad de la entidad, le corresponde gestionar las medidas de protección requeridas por las víctimas en casos de extrema gravedad y urgencia.

Estas acciones han llevado a obtener resultados procesales importantes, por hechos cometidos entre el 2018 y el 2024, ya que se han obtenido 26 sentencias condenatorias y 52 llamamientos a juicio, cifras que pese a su sustancial diferencia en relación al universo de casos denunciados, representan un importante avance dada la dificultad estructural que representa la investigación de esta conducta.

b. Delitos sexuales

En atención a que una de las peticiones que las organizaciones de mujeres han reiterado en el marco del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, consiste en fortalecer la atención de los delitos sexuales contra defensoras, la Fiscalía asumió el compromiso de aumentar su capacidad técnica, tecnológica y operativa para investigar estas conductas.

Por ello, al reconocer que la violencia sexual afecta principalmente a las mujeres defensoras de derechos humanos, en el marco del eje de justicia efectiva del plan integral que da cumplimiento a la orden 28 de la sentencia SU 546 de 2023, la Fiscalía contrajo ante la Corte Constitucional la obligación de fortalecer sus capacidades, incorporando los enfoques de género, interseccional y territorial especialmente en la investigación y judicialización de estos delitos.

Cabe resaltar que en la actualidad, la Entidad cuenta con protocolos específicos para la investigación y procesamiento de casos de violencias basadas en género que incluyen un Protocolo y una Lista de Chequeo para la investigación de violencia sexual, la Cartilla denominada “10 infaltables para la investigación de la violencia sexual”, el ABC para la denuncia de delitos sexuales y una Guía de buenas prácticas para la investigación y judicialización de las violencias fundadas en la orientación sexual e identidad de género real o percibida de la víctima.

Además, desde el 25 de junio de 2024, a través de la resolución 0268, se creó una Unidad Especial en el nivel central y las direcciones seccionales, que conoce delitos priorizados contra niños, niñas y adolescentes a la que se adscribió el Grupo de Trabajo Nacional de Violencia de Género creado desde el año 2021. Esta Unidad cuenta con fiscales en el nivel central y en diversas seccionales de la Fiscalía y opera con apoyo de funcionarios especializados del CTI, en articulación con la Policía Nacional, ICBF, Instituto Nacional de Medicina Legal, Comisarías de Familia, Secretarías para la Mujer o de Género, según sea el caso.

A la fecha, sobre esta temática, el registro del sistema de información de la Entidad indica que del periodo 2016 a 2024 se conocieron 74 casos, de los cuales 35 se encuentran en indagación, 1 en etapa de investigación, 8 casos en juicio, 3 en ejecución de penas y 27 casos están inactivos. En la investigación y judicialización de estas conductas se aplican los protocolos con los que cuenta la entidad.

c. Feminicidios

En la investigación de este delito la Fiscalía General de la Nación ha desarrollado importantes instrumentos como directivas y guías para que los funcionarios de la entidad fortalezcan su comprensión e investigación, que también se aplican a feminicidios cometidos contra mujeres defensoras de derechos humanos. La Entidad también hará un especial seguimiento a este delito según el eje de justicia efectiva del plan integral que da cumplimiento a la orden 28 de la sentencia SU 546 de 2023 de la Corte Constitucional.

En aplicación del enfoque de género que corresponde seguir a la Fiscalía en la investigación de estas conductas, las muertes violentas de las mujeres defensoras son objeto de seguimiento empleando como primera hipótesis que el delito ocurrió por su condición de ser mujer, como lo indica la directiva 004 de 2023 y que el hecho guarda relación con la defensa de derechos humanos, como lo establece la directiva 002 de 2017.

Actualmente la Fiscalía registra que desde el año 2016 al 2024, ocurrieron 14 hechos de feminicidio, 3 de los cuales se encuentran inactivos, 4 en indagación, 4 en juicio y 3 más en ejecución de penas.

d. Desaparición forzada

Otra de las preocupaciones de esta administración es el delito de desaparición forzada, pues los defensores de derechos humanos en Colombia también son víctimas de esta conducta. La FGN tiene en sus registros del año 2016 al 2024, 40 casos en indagación, 14 en etapa de investigación, 6 en juicio y 4 en ejecución de penas.

La información compartida el día de hoy es congruente con la presentada por la Fiscalía General de la Nación ante la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en diversas oportunidades, especialmente en agosto de 2022 y agosto de 2024, por ende, esperamos que los datos proporcionados por la Entidad contribuyan para que las autoridades del Estado competentes adopten las acciones necesarias para mitigar los riesgos que sufren las personas defensoras de derechos humanos.

No podría concluir la presentación de este informe sin reafirmar el compromiso irrestricto de la Fiscalía General de la Nación con el respeto por los derechos humanos y la judicialización de quienes atentan contra sus defensores en nuestro país, lo que incluye la atención prioritaria a las víctimas, el desarrollo de estrategias investigativas innovadoras y la puesta a disposición de todos los recursos tecnológicos de la Entidad con el propósito de evitar la reiteración de estos comportamientos.

En estos términos se da cumplimiento a la presentación pública del primer informe anual sobre la gestión investigativa en los delitos cometidos contra defensores y defensoras de derechos humanos, señalado por la Corte Constitucional en la orden 19 de la sentencia SU 546 de 2023, que seguiremos dando a conocer con la periodicidad ordenada por esa Alta Corporación.