Sábado, 15 de agosto de 2020 2:52 am

Uno de los grandes compromisos de la Fiscalía General de la Nación es la defensa de los derechos humanos, desde la óptica judicial. Por este motivo, desde el 2016, la entidad cuenta con una estrategia específica para la investigación y judicialización de los delitos contra personas defensoras de derechos humanos en el país. A partir del año 2020 se ha hecho énfasis en tres aspectos fundamentales, el fortalecimiento de la Unidad Especial de Investigación, la designación de fiscales territoriales en las zonas de mayor afectación a defensores de derechos humanos y la consolidación de proyectos investigativos que priorizan afectaciones a defensores de derechos humanos atribuibles a organizaciones criminales.

El compromiso de la Fiscalía General de la Nación es fortalecer la persecución de los actores criminales que afectan a los defensores de derechos humanos. Desde la Fiscalía reconocemos su papel fundamental en favor de la vigencia del Estado Social de Derecho, así como su aporte a la democracia y su constante lucha por la materialización de los derechos y garantías constitucionales.

Por eso continuaremos trabajando, desde los territorios, la estrategia de investigación y judicialización de los delitos que se cometen en su contra. Contribuiremos con una justicia eficaz y pronta para la desarticulación de las organizaciones delincuenciales responsables de estos crímenes y para la persecución de aquellas personas que atenten contra esta población en cualquier lugar del país.

Francisco Barbosa Delgado
Fiscal General de la Nación

Esta estrategia de investigación se implementa a través de 8 líneas de acción, bajo el estándar internacional de la debida diligencia. Se destaca el desarrollo de metodologías específicas de investigación para los homicidios de personas defensoras de derechos humanos, tener como primera hipótesis de investigación que el hecho ocurrió por causa de la labor de defensa de los derechos humanos que desarrollaba la persona; la asociación de casos que permita conectar criterios comunes y patrones en la comisión de los hechos. Esto ha permitido lograr un nuevo enfoque en las investigaciones y obtener resultados históricos en materia de esclarecimiento de homicidios contra personas defensoras de derechos humanos

En relación con los homicidios que se investigan en la Jurisdicción Ordinaria, la Fiscalía tiene avances en el esclarecimiento del 55.09%.

Bajo la administración del Fiscal General Francisco Barbosa, con el fin de fortalecer la estrategia, además de los tres aspectos mencionados, se incorporará el enfoque diferencial y territorial a las investigaciones, lo que permitirá avanzar en la investigación penal considerando particularidades de la víctima, tales como: género, orientación sexual, identidad de género etnia, raza en relación con el lugar de ocurrencia de los hechos.

Conceptos básicos

Acceso a la justicia

Uno de los grandes retos de todos los países en el mundo es garantizar este derecho. Para que sea satisfecho, se debe procurar que más personas puedan acceder a los recursos judiciales dispuestos y que la resolución de estos recursos se dé con el cumplimiento de las garantías judiciales. Esto tiene efecto directo en la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia.

El acceso a la justicia es un derecho humano que permite a cualquier persona acceder a la administración de justicia cuando considere que sus derechos han sido vulnerados. En relación con la administración penal, la Fiscalía General de la Nación tiene dispuestos mecanismos para recibir denuncias y, de ser el caso, iniciar investigaciones de oficio cuando la naturaleza del delito lo amerite, como en el caso de los homicidios contra personas defensoras de derechos humanos.

El derecho de acceso a la justicia debe ser satisfecho de acuerdo con el estándar internacional de la debida diligencia, respetando las reglas procesales que aplican al proceso penal y las garantías para los acusados como ser oído en juicio, ejercer el derecho de contradicción, apelar las decisiones, entre otros. Todo ello con la participación de las víctimas como un elemento central en todas las actuaciones.

Persona defensora de derechos humanos

Una persona deberá ser considerada defensora de derechos humanos cuando impulse o ejerza actividades de promoción y protección de derechos, reconocidos a nivel nacional o internacional. Los defensores y defensoras gozan de prerrogativas especiales en razón a la actividad que ejercen. Las autoridades estatales tienen la obligación de garantizar el ejercicio de sus derechos y prevenir razonablemente las violaciones a los mismos.

El concepto de persona defensora de derechos humanos abarca múltiples manifestaciones de liderazgos, entre los que se incluyen los siguientes – líderes pertenecientes a juntas de acción comunal, líderes comunitarios, líderes indígenas, líderes campesinos, líderes sindicales, líderes de comunidades afrodescendientes, negras, raizales o palenqueras, lideresas de programas, procesos u organizaciones en favor de los derechos de la mujer, o de cualquier otro derecho o grupo poblacional, líderes LGTBI, líderes de educación, líderes de infancia y adolescencia, líderes de víctimas, líderes de restitución de tierras, líderes que promueven la implementación del acuerdo de paz, servidores públicos que ejercen labores de defensa de derechos humanos (fiscales, jueces, entre otros de acuerdo a las labores que ejerzan en relación con la defensa de DDHH), periodistas, líderes culturales, entre otros-.

Enfoque diferencial

Tiene en cuenta individuos con características particulares en razón, a su edad, sexo, identidad de género, orientación sexual, convicciones religiosas, raza, etnia o situación de discapacidad, para garantizar el efectivo acceso a la justicia de estas poblaciones.

Decreto ley 898  del 29 de mayo de 2017

Enfoque territorial

Reconoce la existencia de una amplia heterogeneidad del territorio nacional en su geografía, desarrollo, riesgos, particularidades de la criminalidad, condiciones culturales y sociales, y necesidades de justicia, todas estas a considerarse en la investigación criminal.

Decreto ley 898  del 29 de mayo de 2017

Debida diligencia en la investigación penal

“Cada acto estatal que conforma el proceso investigativo, así como la investigación en su totalidad, debe estar orientado hacia una finalidad específica, la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento, y en su caso, la sanción de los responsables de los hechos.”

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Primera hipótesis de investigación: en el plan metodológico, el fiscal debe iniciar valorando que el hecho ocurrió por la labor de defensa, el rol que jugaba el defensor en la comunidad o su entorno, la agenda que desarrollaba y la zona en la que realizaba sus labores.

Impulso Procesal: es un deber jurídico de la Entidad que no depende de la víctima o de sus familiares. Se requieren actuaciones encaminadas al esclarecimiento de los hechos, no simples formalidades.

Oportunidad y plazo razonable: empezar de inmediato para asegurar la recolección de los elementos probatorios necesarios, sin retrasos injustificados.

Competencia: las autoridades competentes son las encargadas de adelantar la investigación, acorde con los procedimientos definidos y ajustados a los estándares internacionales.

Independencia e imparcialidad: cada una de las etapas debe ejecutarse con el respeto a la objetividad de los órganos de competencia en la materia.

Exhaustividad: las investigaciones deben realizarse valiéndose de todos los medios legales disponibles, para determinar la verdad, investigar, judicializar, capturar y castigar a los responsables materiales e intelectuales de los hechos. La investigación debe tener en cuenta las particularidades de la víctima, la determinación de la causa, forma, lugar y momento de la muerte, patrón o práctica relacionada con el hecho, la identificación de nuevas formas de criminalidad que afecte a las personas defensoras, entre otras.

Asociación de casos: desarrollar líneas investigativas que permitan relacionar casos a través de patrones que expliquen la comisión del delito, o por la condición de las víctimas en relación con determinado contexto de conflictividad social, geográfico o disputas políticas.

Participación de las víctimas y sus familiares: garantizar las condiciones para su participación como valor central de la investigación.

Líneas de acción de la estrategia

Avanzar en el esclarecimiento de los delitos contra defensores de derechos humanos requirió la formulación de 8 líneas de acción que se implementan de manera coordinada. Estas líneas se sustentan en el trabajo que se ha realizado con los servidores de la Fiscalía General de la Nación, principales artífices del cambio de paradigma en la investigación de delitos contra esta población, su experiencia, su comprensión adecuada del concepto de defensor y responsabilidad en la incorporación de cada una de las líneas de acción en la investigación penal han permitido que esta entidad presente resultados históricos en la materia.

Iniciación de un trabajo de cultura institucional con todos los servidores de la Fiscalía

Se pretende que todos los funcionarios de la entidad reconozcan la importancia de la labor de los defensores y asuman que, en determinadas circunstancias, algunos servidores de la Fiscalía también son defensores de derechos humanos, pues son quienes velan por la garantía del acceso a la justicia para las víctimas.

Primera hipótesis investigativa: que exista relación entre el hecho investigado y la labor del defensor de derechos humanos

Existen directrices precisas para que los fiscales, al definir el programa metodológico de las investigaciones, tengan en cuenta como primera hipótesis que la condición de defensor de derechos humanos de la víctima incidió en los hechos analizados.

Creación de unidades itinerantes para llegar con prontitud a la escena de los hechos

Se han superado las barreras geográficas que dificultan la atención inmediata de hechos delictivos ocurridos en zonas apartadas del país. Esta acción ha permitido que se asegure la escena en donde ocurren los hechos y se realicen actos urgentes de investigación, que permitan identificar e individualizar a los autores materiales e intelectuales de los homicidios contra personas defensoras de derechos humanos.

Plan que articula las dependencias dentro de la entidad para fortalecer la investigación penal

Con el objetivo de fortalecer las capacidades investigativas de las Direcciones Seccionales, la estrategia desarrolla una metodología de apoyo a la investigación por parte de los fiscales que pertenecen a las Direcciones Nacionales (Unidad Especial y Delegada para la Seguridad Ciudadana) y prevé su articulación. Así, los fiscales de las direcciones seccionales conservan la titularidad de las investigaciones pero cuentan con apoyo técnico, investigativo y tecnológico del nivel central, con el liderazgo del despacho de la Vicefiscalía General de la Nación.

Igualmente, el plan de trabajo prevé la articulación entre dependencias nacionales como las Delegadas para la Seguridad Ciudadana, contra la Criminalidad Organizada, contra Finanzas Criminales, la Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis para la Seguridad Ciudadana, la Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis para la Seguridad Ciudadana, entre otras. Todos estos esfuerzos son liderados por la señora Vicefiscal General de la Nación.

Aplicación de una metodología de asociación de casos

Se busca conectar casos con criterios comunes, que puedan explicar la ocurrencia de conductas delictivas contra defensores de derechos humanos, bien sea a través de patrones que expliquen la comisión del delito, o por la condición de las víctimas en relación con determinado contexto de conflictividad social, geográfico o disputas políticas.

Directrices para la estandarización de la investigación de delitos contra defensores de Derechos Humanos

Estas directrices guían el trabajo de fiscales e investigadores en tres aspectos: el concepto de defensor de derechos humanos, la debida diligencia y las primeras actividades para el impulso de los procesos por homicidio de defensores.

Directiva 002 de 2017 – “Por medio de la cual se establecen lineamientos generales sobre la investigación de delitos cometidos en contra de defensores de derechos humanos en Colombia”

Fortalecimiento de la investigación del delito de amenazas contra defensores

La Fiscalía ha fortalecido la investigación del delito de amenazas contra personas defensoras de derechos humanos, de acuerdo a una serie de medidas que a continuación se relacionan:

a. Creación de un grupo de trabajo para el apoyo, impulso y coordinación del análisis, la investigación y judicialización de los casos de amenazas contra personas defensoras derechos humanos. Este grupo de trabajo tiene como objetivos, entre otros:

  • Impulsar procesos de amenazas contra personas defensoras de derechos humanos.
  • Articular el trabajo de las diversas dependencias de la Fiscalía que tienen en su carga de trabajo casos de amenazas.
  • Investigar de manera analítica y estratégica los casos de amenazas, de modo que se puedan identificar relaciones entre los distintos casos y entender los contextos en los que se enmarcan.
  • Fortalecer la capacidad institucional a través del apoyo a la investigación de amenazas que se adelantan en las Direcciones Seccionales con el fin de responder de manera adecuada, eficaz y oportuna a los casos que se presenten por este delito.

b. La Fiscalía incidió en la creación de un tipo penal específico de amenazas contra defensores de derechos humanos, artículo 188E del Código Penal.

c. Se crearon mecanismos para la recepción de amenazas contra defensores de derechos humanos que funcionan las 24 horas del día: línea de atención 3506011181, centro de contacto 122 y el correo electrónico recepcion.amenazas@fiscalia.gov.co

Elaboración y aplicación de protocolos de intervención, garantiza mayor eficacia en la investigación

Estos protocolos de intervención, cuidadosamente elaborados, han permitido una mejor conservación de la escena del crimen y de elementos que puedan identificar al victimario así como definir actividades  esenciales que debe tener en cuenta el Fiscal en cada una de las etapas procesales.

2020 En la calle y en los territorios

Desde el año 2020 toda la capacidad humana, logística y científica de la entidad se ha desplazado a los territorios. La Estrategia de Investigación de Delitos contra Personas Defensoras de Derechos Humanos se ha fortalecido con tres acciones epecíficas que han permitido consolidar y mejorar los resultados investigativos de la Fiscalía.

Fortalecimiento de la Unidad Especial de Investigación para la investigación de homicidios contra personas defensoras de derechos humanos en coordinación con las Delegadas para la Seguridad Ciudadana, Contra el Crimen Organizado y Contra Finanzas Criminales.

Se destacó a la Unidad Especial de Investigación para articular la acción investigativa de homicidios contra defensores de derechos humanos, de la mano de la Delegada para la Seguridad Ciudana y las 35 direcciones seccionales, bajo el liderazgo de la Vicefiscalía General de la Nación. Para tener una mayor cobertura, a partir de 2020 la Unidad cuenta con 22 servidores nuevos, incluyendo fiscales, analistas y policía judicial. Fortalecimiento que representa aproximadamente el 25% la capacidad investigativa de la Unidad.

Designación de fiscales territoriales en zonas de mayor afectación de personas defensoras de derechos humanos, con el propósito de tener respuestas sobre la situación criminal.

En la Unidad Especial de Investigación se designaron 6 fiscales regionales para (i) Antioquia y Córdoba; (ii) Caquetá y Putumayo; (iii) Cauca; (iv) Norte De Santander; (v)Valle De Cauca; y (vi) Chocó, Tolima y Huila, para que en las regiones de mayor victimización se recojan todos los procesos adelantados por homicidios de personas defensoras de derechos humanos y excombatientes, cuya responsabilidad es atribuida a organizaciones criminales que delinquen en la zona, sin importar que existan varios grupos delincuenciales. Esta medida está orientada a: (i) asociar los casos y resolver situaciones anteriores atribuibles a la misma organización criminal; (ii) impactar integralmente a estas organizaciones en sus múltiples dimensiones – militar, social y económica; (iii) avanzar en el esclarecimiento de otras afectaciones contra la sociedad civil de responsabilidad de las organizaciones investigadas.

Consolidación de proyectos investigativos que priorizan afectaciones a personas defensoras de derechos humanos atribuibles a organizaciones criminales.

Con el fin de estructurar investigaciones integrales contra organizaciones criminales, la Unidad Especial definió 11 proyectos investigativos en municipios o pequeñas regiones en los que las afectaciones contra personas defensoras de derechos humanos son responsabilidad de una organización criminal. Cada una de las situaciones priorizadas persigue a las organizaciones con base en los delitos identificados de acuerdo a los municipios de los hechos.

Articulación de la UEI con los fiscales seccionales de la Delegada para la Seguridad Ciudadana.

En todas las Direcciones Seccionales la Delegada para la Seguridad Ciudadana cuenta con fiscales destacados para atender la investigación de homicidios contra personas defensoras de derechos humanos. En las regiones en las que hay presencia de la UEI , los fiscales destacados de las seccionales trabajan en articulación con los equipos de la Unidad Especial. En las regiones en las que no hay presencia de la UEI son los fiscales seccionales los que adelantan todos los actos investigativos que permiten los avances en el esclarecimiento en relación con los homicidios cometidos contra defensores de derechos humanos.

Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atenten contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo a las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto 3.4.4 del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.)

La Unidad Especial de Investigación fue adoptada mediante el Decreto Ley  898 del 29 de Mayo de  2017 y hace parte de las dependencias adscritas al Despacho del Fiscal General de la Nación.

Su función es asumir la investigación, persecución y acusación de las conductas criminales que afecten a las personas defensoras de derechos humanos y garantizar el fin de la impunidad de estas conductas.

Tiene un enfoque territorial, que debe privilegiar su articulación y apoyo a las Direcciones Seccionales de la Fiscalía General de la Nación. También cuenta con un enfoque diferencial y de género, que reconoce la existencia de poblaciones con características particulares a las que se debe garantizar el efectivo acceso a la justicia.

Puede actuar ante la Jurisdicción Ordinaria o ante la de Justicia y Paz. Funciona en estrecha coordinación y articulación con las demás unidades de la entidad.

Tiene autonomía para:

  • Su funcionamiento y la conformación de sus grupos de trabajo e investigación.
  • Decidir sus líneas de investigación y llevarlas a la práctica.
  • Emprender actuaciones ante cualquier jurisdicción.

Sus principios orientadores son:

  • Garantías procesales (que son las condiciones necesarias para que se adelante un juicio justo).
  • Respeto.
  • Garantía.
  • Protección.
  • Promoción de derechos humanos.

Delegadas

Con el fin de fortalecer las capacidades de investigación y acusación de la Fiscalía General de la Nación y de adecuarla a las exigencias del Acuerdo Final, en 2017 se crearon tres Delegadas, adscritas al Despacho del Vicefiscal General de la Nación.

Para la Estrategia de Investigación de delitos contra defensores de derechos humanos, durante el año 2020 se ha promovido la acticulación entre la Unidad Especial de Investigación y las Delegadas, lo que permite avanzar en investigaciones integrales donde se haya afectado la vida de los defensores de derechos humanos.

Delegada contra la Criminalidad Organizada

Conoce investigaciones priorizadas de los siguientes temas:

  1. Organizaciones criminales.
  2. Corrupción.
  3. Narcotráfico.
  4. Violaciones a los derechos humanos.
  5. Justicia Transicional.

Lo anterior, como respuesta a la problemática actual del país en materia criminal, relacionada especialmente con el escenario del postconflicto.

Está compuesta por:

  • Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales: encargada de investigar las distintas manifestaciones de la delincuencia organizada, especialmente las nuevas formas de criminalidad que emerjan para ocupar los espacios dejados en los mercados ilegales por el grupo FARC-EP.
  • Dirección Especializada contra la Corrupción: encargada de focalizar el ejercicio de la acción penal en actos de corrupción.
  • Dirección Especializada contra el Narcotráfico: encargada de investigar las diversas manifestaciones delictivas derivadas del tráfico de narcóticos.
  • Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos: encargada de la persecución penal de las conductas atentatorias contra las garantías inherentes al ser humano, como la desaparición forzada, desplazamiento forzado y demás vulneraciones contra los derechos humanos.
  • Dirección de Justicia Transicional: encargada de implementar mecanismos que permitan dar un cierre adecuado a las investigaciones que actualmente se adelantan en contra de postulados y desmovilizados. Se ocupa de personas procesadas en relación con la Ley 975 de 2005.
  • Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada: encargada del análisis en contexto de la función investigativa y acusatoria de los casos y situaciones priorizados.

Delegada para las Finanzas Criminales

Implementa y coordina las actividades priorizadas de investigación y análisis criminal de los hechos que revistan características de delitos en materia económica y financiera, bien sea a nivel local, regional, nacional o transnacional. Entre otras, adelanta investigaciones de:

  1. Financiación del terrorismo.
  2. Criminalidad financiera y bursátil.
  3. Criminalidad tributaria y aduanera.
  4. Corrupción
  5. Lavado de activos y sus delitos subyacentes.
  6. Extinción del derecho de dominio.

Está compuesta por:

  • Dirección Especializada contra el Lavado de Activos: encargada de perseguir capitales de procedencia ilícita, así como las diversas fuentes de financiación ilegal, adoptando medidas eficaces para superar la impunidad en las modalidades delincuenciales de lavado de activos, asociadas al crimen organizado.
  • Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio: encargada de ejercer la acción constitucional de extiknción del derecho de dominio de conformidad con la ley.
  • Dirección Especializada de Investigaciones Financieras: encargada de la investigación de casos de criminalidad compleja realizados a través del abuso del sistema financiero y del mercado de valores.

Delegada para la Seguridad Ciudadana

Esta es la delegada con mayor alcance a nivel nacional. Es la encargada de manejar asuntos de vital importancia, tales como la atención al usuario y la intervención temprana, entre otros temas de relevancia. Así mismo, dirige y coordina las 35 Direcciones Seccionales de la Fiscalía General de la Nación, que abarcan la totalidad del territorio nacional. Salvo que, por temas de priorización, una noticia criminal sea asignada a otra delegada o a un despacho específico del nivel central de la Fiscalía General de la Nación, la totalidad de investigaciones en el país son tramitadas por las Direcciones Seccionales.

En relación con la investigación de delitos contra personas defensoras de derechos humanos las 35 Direcciones Seccionales tienen fiscales destacados para conocer esta temática. Estos actúan de manera articulada con la UEI en las regiones en las que esta tiene presencia o, de manera individual en las regiones que la UEI aún no cubre.

Está compuesta por:

  • Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones: encargada de las políticas, estrategias, metodologías y protocolos en materia de atención a usuarios, entre otros asuntos.
  • Direcciones Seccionales: encargada de identificar y delimitar situaciones y casos susceptibles de ser priorizados y presentarlos a la Delegada para la Seguridad Ciudadana, entre otras funciones. Como se mencionó, las Direcciones Seccionales conocen la mayoría de noticias criminales en el país. Se cuenta con 35 Direcciones Seccionales que conocen las investigaciones dentro de sus respectivos alcances territoriales.
  • Sección de Fiscalías y de Seguridad Ciudadana: encargada de coordinar, controlar y evaluar, directamente o a través de sus fiscales delegados, el desarrollo de la función investigativa y acusatoria y las audiencias que se adelanten en los casos y situaciones que le sean asignados, según los lineamientos de priorización y la construcción de contextos, cuando haya lugar, entre otras.
  • Sección de Policía Judicial: encargada de planear y ejecutar las funciones de policía judicial de los grupos que conforme la Dirección Seccional para adelantar las investigaciones a su cargo. Hacer análisis criminal para apoyar el desarrollo de las investigaciones y asesorar y apoyar a las dependencias en materia de investigación criminal.
  • Sección de Atención al Usuario: encargada de implementar las políticas, metodologías y los protocolos adoptados por la Fiscalía General de la Nación para la atención a víctimas y usuarios y para la clasificación, aplicación de filtros y asignaciones en la recepción de denuncias.
  • Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis para la Seguridad Ciudadana: encargada del análisis en contexto de la función investigativa y acusatoria de los casos y situaciones priorizados.