Sería el responsable de mantener una violenta disputa con el ELN en zona de frontera con Venezuela.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario a Wilfredo Vaca Quintero, alias Barbas, señalado cabecilla de la estructura criminal ‘Los Pelusos’, que delinque en Norte de Santander.
Este hombre sería el principal auspiciador de una confrontación armada con el ELN por el control de las rutas de narcotráfico y otras rentas ilícitas, situación que ha generado homicidios selectivos en zona de frontera con Venezuela. Asimismo, es señalado de ordenar el asesinato de, por lo menos, dos integrantes de ‘Los Pelusos’ que se habrían quedado con dineros producto del tráfico de estupefacientes.
Los elementos de prueba dan cuenta de que alias Barbas también estaría involucrado en el cobro de extorsiones, secuestros y otras conductas delictivas contra los comerciantes y los pobladores de La Playa, Ábrego y Ocaña (Norte de Santander); y la entrega de armamento y capacitación a las personas que reclutaba el grupo ilegal.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó el delito de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y tráfico de estupefacientes. El procesado no aceptó los cargos.
Wilfredo Vaca Quintero habría estado vinculado durante ocho años a ‘Los Pelusos’. Fue capturado en una acción conjunta de la Fiscalía y la DIJIN de la Policía Nacional en Ocaña.
Esta información se publica por razones de interés general.
CMRM/JARG/RTM/DECOC/MRC/
La Fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
