Se trata de Alejandro Quintero Giraldo, quien deberá responder por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas y explosivos agravado.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó ante un juez de control de garantías a Alejandro Quintero Giraldo, presunto responsable de almacenar ilegalmente una gran cantidad de explosivos, detonadores y sustancias químicas utilizadas para la fabricación de artefactos explosivos improvisados en un inmueble de Medellín (Antioquia).
Los hechos investigados ocurrieron el 8 de mayo de 2026, durante una diligencia de allanamiento y registro adelantada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con la Policía Nacional y el Ejército Nacional, en una vivienda que, al parecer, era utilizada como centro clandestino de almacenamiento de material explosivo.
En el procedimiento fueron halladas 3,8 toneladas de nitrato de amonio; 1,6 toneladas de anfo; 2.900 detonadores; 1.900 metros de cordón detonante; 1.505 barras de Indugel; 350 metros de mecha de seguridad; y 2.100 fósforos eléctricos.
De acuerdo con los informes técnicos y periciales recopilados por la Fiscalía, el material tenía capacidad destructiva y representaba un alto riesgo para la seguridad pública. Además, el procesado no contaba con autorización para almacenar ni manipular este tipo de sustancias.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Alejandro Quintero Giraldo el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos agravado. El procesado no aceptó el cargo y le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.
JMSV/LKH/FC/DECOC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
