El contrato investigado se firmó con una empresa de Israel que no construyó la obra ni reintegró el anticipo.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, presentó ante un juez de control de garantías a dos exdirectivos del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cali (Metrocali), como posibles responsables de irregularidades de contratación.

En las investigaciones se estableció que, en octubre de 2007, se celebró el contrato de construcción de la terminal del barrio Calima con la empresa Israelí Hafira Ve Hatziva por un valor de 22.750 millones de pesos. En las verificaciones se constató que esta firma extranjera fue escogida sin que tuviera la experiencia para este tipo de proyectos. Su experticia estaba acreditada en demoliciones e instalación de redes hídricas.

Para marzo de 2009 se firmó el acta de inicio y se desembolsó un anticipo de 30%, algo más de 6.800 millones de pesos. El dinero habría sido consignado en una cuenta personal del representante legal del contratista, contrario a lo que indicaba la normatividad vigente para la época.

Seis años después, el contrato fue liquidado por Metrocali porque la obra no fue ejecutada. Sin embargo, la empresa constructora no devolvió los recursos que le fueron reconocidos por concepto de anticipo.

Ante estas y otras supuestas anomalías detectadas, la Fiscalía imputó a Luis Fernando Lian Arana, expresidente de Metrocali, por el delito de celebración indebida de contratos; y a Rodrigo Salazar Sarmiento, ex jefe jurídico de Metrocali, por el delito de prevaricato por acción.

Los cargos no fueron aceptados por los procesados.

La Fiscalía General de la Nación publica esta información por razones de interés general.

LAGP/JARG/EAC/MCRC/

La Fiscalía habla con resultados.

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.