Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de garantías de Bogotá profirió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en un centro carcelario, en contra de Juan Guerrero, Carlos Andrés Muñoz, Nelson Ricardo Romero, Harold Andrés Vélez Díaz y Leonard Moreno, como presuntos responsables de los delitos de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir agravado.
Las investigaciones adelantadas por agentes encubiertos del Cuerpo Nacional de la Policía Española, la Policía Nacional colombiana y la Fiscalía General de la Nación permitieron establecer que estas cinco personas, al parecer, hacían parte de una red desarticulada recientemente, de la cual otros presuntos integrantes fueron extraditados a Estados Unidos, cinco más ya fueron condenadas y cerca de 20 están en etapa de juicio.
Las investigaciones adelantadas desde el 2014 revelan que el alcaloide era ingresado en camiones con cajas que contenían flores listas para exportar, las cuales no transitaban por los filtros seguridad de las bodegas del aeropuerto Eldorado de Bogotá, sino que eran llevadas por rutas donde no existe una estricta vigilancia.
En cuanto a Harold Andrés Vélez Díaz, se determinó que era el conductor de uno de los camiones que ingresaban hasta Eldorado y era, supuestamente, quien captaba personal para la organización delictiva.
“Esta persona fue capturada con 16 kilos de clorhidrato de cocaína en una zona de carga internacional del terminal aéreo”, sostuvo el fiscal al mostrar el video de la captura.
De otra parte la Fiscalía exhibió en audiencia los audios de las interceptaciones telefónicas de los procesados desde el 2014 hasta la fecha, en las que se deduce el nexo de los empleados de las empresas de carga aérea con líderes de la organización delictiva.
“El señor va a viajar a Holanda para saber por qué no estaban cumpliendo con lo pactado y se está perdiendo tanta carga”, señala una de las interceptaciones al hacer referencia a un cargamento incautado en Ámsterdam (Holanda) en junio de 2014.
Finalmente, la Fiscalía recibió una carta en agosto pasado en la que el gerente de seguridad de una de las aerolíneas afectadas explica que fueron despedidas varias personas entre ellas dos de las procesadas por que había evidencia de actividades ilícitas.
“Siguen contactando desde la clandestinidad a personas de la compañía con el fin de conformar una red de narcóticos con destino a Estados Unidos y a Holanda, pagan desde 20 millones o más por el trabajo ilegal”, sostiene la misiva.
Por lo pronto los procesados se exponen a una pena mínima de 15 años de prisión por la gravedad de los delitos imputados por el ente acusador.
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